Neoliberalismo, Estado y ciudadanía. La crisis del “pacto revolucionario” en torno al sismo de 1985

Neoliberalism, State and Citizenry. The Crisis of the “Revolutionary Pact” in Relation to the 1985 Earthquake

Alejandra M. Leal Martínez

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO, alejandraleal@gmail.com

El neoliberalismo en México ha sido por lo general abordado como un orden económico y no como un proceso amplio que incluye nuevas técnicas de gobierno y nuevos vocabularios políticos que hoy se presentan como naturales o como un “sentido común” que predomina a escala internacional. Con base en el análisis del discurso periodístico en torno al sismo que en septiembre de 1985 devastó la ciudad de México, el artículo argumenta que el discurso de la autonomía de la sociedad y de la ciudadanía responsable que comienza a gestarse en ese momento, y del que participan actores de las más diversas posturas políticas e ideológicas, debe ser entendido como parte del surgimiento de un sentido común neoliberal y no –o no únicamente– como respuesta al proceso de neoliberalización.

Palabras clave: sismo de 1985, ciudadanía, Revolución, neoliberalismo, México.

Generally-speaking in Mexico, neoliberalism has been examined as an economic phenomenon, not as a broad process that includes new techniques of government and new political vocabularies presented today as “natural” or as “common sense” that pervades the entire world. Based on an analysis of the journalistic discourse associated with the earthquake that devastated Mexico City in September 1985, this essay argues that the discourse of the autonomy of society and a responsible citizenry that began to circulate at that time, with the participation of actors from the most diverse political and ideological postures, must be understood in relation to the emergence of this neoliberal “common sense”, and not –or not only– as a response to the neoliberalization process.

Keywords: 1985 earthquake, citizenry, Revolution, neoliberalism, Mexico.

Fecha de recepción del artículo: 4 de marzo de 2014 / Fecha de aprobación: 2 de junio de 2014 / Fecha de recepción de la versión final: 29 de septiembre de 2014.

Introducción

Los estudios sobre el neoliberalismo en México se han centrado sobre todo en el análisis de las políticas económicas y sociales implementadas en el país a partir de la crisis económica de 1982.1 Se ha escrito sobre el colapso del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (isi), introducido en la década de los cuarenta del siglo xx, y su reemplazo por un modelo articulado en torno a la economía de libre mercado.2 Se ha analizado la “reducción” o “adelgazamiento” del Estado en este periodo, incluyendo entre otras cosas: la reducción del gasto público; la privatización de las empresas estatales; la desregulación de los mercados financieros; la introducción de leyes que fortalecen la propiedad privada y flexibilizan el trabajo; y la creación de políticas públicas que inculcan la coresponsabilidad de los ciudadanos.3 Algunos autores han argumentado que además de detonar cambios económicos, la crisis aceleró la pérdida de legitimidad del Estado posrevolucionario, que se sostenía en gran medida en el crecimiento económico, en la promesa de la expansión de los beneficios sociales y en la posibilidad, aún limitada, de movilidad ascendente.4 De acuerdo con este argumento, la crisis abonó al colapso del autoritarismo estatal, así como a la transición a la democracia que tendría lugar unos años más tarde. Por otro lado se ha estudiado el surgimiento y auge de la “sociedad civil” y de los movimientos sociales en las décadas de los ochenta y noventa.5 Estos últimos han sido por lo general analizados como actores que surgieron no sólo en oposición al autoritarismo estatal, sino como respuesta a las injusticias y exclusiones del neoliberalismo, es decir, como actores externos al procesos de neoliberalización.6

La relación entre los procesos arriba mencionados y la transformación del discurso político en la opinión pública mexicana a partir de la década de los ochenta ha recibido mucha menor atención. Los trabajos sobre el neoliberalismo no han analizado suficientemente el resurgimiento de un lenguaje político liberal sobre el Estado, la democracia, la sociedad y la ciudadanía, que celebra la participación activa de los individuos en su propio bienestar y gobierno. Tampoco han reflexionado sobre la manera en que el nuevo ciudadano idealizado ha sido contrastado en la opinión pública con los sujetos pasivos y dependientes legados por el Estado corporativo; o cómo la revolución y el “pueblo” han pasado a ser representados como reductos del pasado –el último incluso como la antítesis de la sociedad civil y la ciudadanía modernas–.7 En otras palabras, la reducida definición del neoliberalismo como un orden económico ha impedido que éste sea abordado como un proceso más amplio que a lo largo del mundo ha generado una serie de discursos, lenguajes y disposiciones que dan cabida a una variedad de proyectos y prácticas políticas aparentemente antagónicos, y que confieren legitimidad a ciertas formas de pertenencia y acción política, frente a otras que aparecen como ilegítimas.8

Para llenar ese vacío, y siguendo el trabajo de Nikolas Rose, en el presente artículo me aproximo al neoliebralismo como un proceso amplio que incluye nuevas técnicas de gobierno y nuevos vocabu­larios políticos que hoy se presentan como naturales o, en otras palabras, como un “sentido común” que predomina a escala internacional. Como en otras partes del mundo, la década de los ochenta marcó una serie de cambios discursivos importantes en la opinión pública mexicana. Surgieron nuevos vocabularios políticos que fueron gradualmente reemplazando a otras formas de pensar y hablar sobre el papel del Estado, la naturaleza de la sociedad y la relación entre ambos. Específicamente, a partir de la década de los ochenta las críticas al régimen posrevolucionario (tanto de la “izquierda” como de la “derecha”) comenzaron a denunciar el tamaño y el poder excesivo del Estado, así como el llamado “pacto revolucionario” o pacto corporativo que, argüían distintas voces, impedía el desarrollo de una ciudadanía moderna y democrática. El objetivo del artículo es reconstruir un fragmento de la historia del sentido común neoliberal que hoy predomina en la opinión pública, prestando atención tanto a las tendencias internacionales en las que este proceso se ha insertado, como a las especificidades del caso mexicano. Para lograr dicho objetivo analizo un caso emblemático tanto de la crítica al Estado posrevolucionario mexicano, como de la emergente conceptualización de los ciudadanos como actores autónomos, corresponsables de su propio gobierno durante la década de los ochenta: la representación periodística del sismo de 1985.9

Mucho se ha escrito acerca de la organización espontánea y solidaria de los habitantes de la ciudad de México después del sismo del 19 de septiembre de 1985.10 La narrativa popular es que ante la devastación material –con cientos de edificios derrumbados en la ciudad central y miles de personas atrapadas en los escombros– y ante la pasividad y desorganización del gobierno, la “sociedad” respondió creando brigadas de rescate, instalando centros de acopio, visitando los campamentos de las víctimas. Esos días de movilización social, así como el interés en la participación política que despertaron, fueron representados en la prensa como “el despertar de la sociedad civil” y como el comienzo del fin del autoritarismo estatal. Asimismo, “los damnificados”, los habitantes de la ciudad central afectados por los sismos que se organizaron para demandar viviendas, fueron vistos como el germen de una nueva forma de ciudadanía. Además de señalar la legitimidad de sus demandas, la prensa y las revistas políticas celebraron la ruptura de los damnificados con viejas estructuras clientelares y con formas autoritarias de organización. Por ejemplo, en un texto publicado el 23 de septiembre en la revista Proceso, Carlos Monsiváis escribió: “El 19 y en respuesta ante las víctimas, la ciudad de México conoció una toma de poderes, de las más nobles de su historia, que trascendió con mucho los límites de la mera solidaridad. La conversión de un pueblo en gobierno y del desorden oficial en orden civil. Democracia puede ser también, la importancia súbita de cada persona”.11

Según esta narrativa, lo que se inaugura –o se potencia– tras los sismos es una nueva relación entre el Estado y la sociedad que subraya la emancipación de esta última del corporativismo estatal. Se celebra que los ciudadanos descubren que pueden organizarse al margen de los aparatos de un Estado paternalista y autoritario y, al mismo tiempo, tomar responsabilidad sobre su propio destino. El argumento central del presente artículo es que el discurso periodístico en torno al sismo de 1985 –del que forma parte el fragmento citado–marca un momento de ruptura en el que viejas certezas sobre el Estado, la Revolución y “el pueblo” se entremezclan con nuevos vocabularios políticos, como la insistencia en la corresponsabilidad y la participación activa tanto de los ciudadanos como de las comunidades de las que forman parte. De este modo, la discusión en la prensa se articula con una discusión más amplia sobre el régimen posrevolucionario y los significados de la ciudadanía. A su vez esta discusión se inscribe en un debate mayor sobre el papel del Estado como árbitro social y proveedor de servicios, así como sobre la responsabilidad de los ciudadanos en su propio gobierno. El análisis nos permite vislumbrar un momento importante de un cambio discursivo –que es también cambio político– que desde mi lectura es parte fundamental de la historia del neoliberalismo en México.

El artículo se divide en tres secciones. En la primera presento una discusión conceptual del neoliberalismo como un sentido común que transforma las premisas, los discursos y las prácticas del Estado benefactor o Estado social del siglo xx, así como las formas de entender y organizar al Estado, la sociedad y los individuos. Posteriormente ofrezco una breve discusión del Estado posrevolucionario mexicano como una forma específica e incompleta del Estado benefactor, mismo que ha sido desmantelado en las últimas décadas. Finalmente analizo el discurso periodístico producido en torno a los sismos y a la movilización social de los damnificados. Presento diversas voces y posiciones políticas que aparecen en la prensa capitalina y en las revistas políticas en las semanas posteriores a los sismos y que expresan visiones dispares y encontradas no sólo de las movilizaciones sociales detonadas por los sismos, sino, a partir de estos eventos, sobre la legitimidad o falta de ella del pacto revolucionario.12

El sentido común neoliberal

Con base en el trabajo de Michel Foucault sobre la gubernamentalidad,13 el sociólogo político Nikolas Rose ha abordado al neoliberalismo como la reconfiguración del Estado, el mercado, la sociedad y el individuo, así como de la relación entre éstos, que se comenzó a gestar a mediados de los años setenta. Más que estudiar políticas económicas, o hablar de un Estado que se “retira” o se “adelgaza”, Rose analiza la manera en que se han redistribuido los riesgos y las responsabilidades entre el Estado, la sociedad y el individuo en las últimas décadas. Si las políticas de bienestar del siglo xx presuponían la existencia de un Estado robusto que debía mediar entre los distintos sectores de la sociedad y garantizar el bienestar de todos los ciudadanos, el neoliberalismo sostiene que la responsabilidad del bienestar recae sobre el propio individuo, quien sólo puede desarrollarse plenamente en el marco del libre mercado.14

Para Rose este proceso viene acompañado de nuevas racionalidades, tecnologías políticas y formas de control, vinculadas a su vez al surgimiento de nuevos vocabularios que resucitan los valores liberales, exaltan la libertad y la responsabilidad individuales, reconfiguran la ciudadanía y activan a la comunidad como sitio privilegiado para el ejercicio del gobierno.15 El ciudadano ideal del neoliberalismo es pensado como activo y responsable, en contraposición con el ciudadano pasivo del Estado benefactor.16 La ciudadanía neolibe­ral es también concebida desde una dimensión ética, según la cual el ciudadano no sólo es responsable de su propio bienestar, sino que debe participar en el bienestar y el gobierno de su comunidad (y ya no de la sociedad), mediante actos de participación voluntaria y de solidaridad. Pero no sólo es el ciudadano; los problemas sociales son también reconceptualizados como problemas éticos. La pobreza, por ejemplo, es pensada no cómo carencia de recursos materiales o culturales, sino como una asunto individual de falta de responsabilidad y pertenencia a una comunidad moral.17

Desde esta perspectiva, el neoliberalismo implica no únicamente el desmantelamiento de las políticas económicas y sociales del Estado benefactor, sino una verdadera reconfiguración del “sentido común” dominante sobre el papel del Estado y la naturaleza de la sociedad. En otras palabras, y siguiendo a Gramsci, las racionalidades y los vocabularios políticos del neoliberalismo entrañan la universalización y naturalización de ciertas formas de entender y hablar del Estado, la política, la sociedad, la ciudadanía, la comunidad y el individuo.18 Esto implica a su vez que ciertas formas de acción colectiva y participación política aparecen como legítimas en el espacio público mientras que otras son consideradas ininteligibles, obsoletas o peligrosas, como es el caso del “populismo” que en los últimos años ha sido blanco de críticas por parte de las más diversas corrientes ideológicas. Como todo “sentido común”, el neoliberal ha sido producido gradualmente a través de una multiplicidad de prácticas y registros discursivos, desde el pensamiento académico hasta el discurso político; desde los medios masivos de comunicación hasta el habla cotidiana; desde los organismos multinacionales hasta la educación familiar; desde los países del Atlántico Norte hasta el llamado “sur global”.

Si bien fue la derecha quien primero promovió formas de gobernanza predicadas en nociones neoliberales del individuo y la ciudadanía, hacia finales del siglo xx y principios del xxi, el neoliberalismo comenzó a aparecer como “una forma necesaria, incluso natural, de regular el orden social”.19 Los más diversos proyectos políticos (dentro de los que tradicionalmente se ha denominado la “derecha” y la “izquierda”) se empezaron a articular no en un lenguaje de derechos sociales, sino con base en una conceptualización de los individuos como sujetos autónomos y emprendedores.20 En otras palabras, en las últimas décadas, los más diversos proyectos –incluso aquellos que se consideran antagónicas con respecto al orden neoliberal– se inscriben en el sentido común dominante.21

Desde una perspectiva afín a la de Nikolas Rose, la antropóloga Andrea Muehlebach entiende al neoliberalismo como un orden moral que da cabida a proyectos, lenguajes, visiones y valores aparentemente opuestos. Con base en trabajo etnográfico con voluntarios en asociaciones privadas de beneficencia social en Italia, Muehlebach se aproxima al neoliberalismo como una formación social elástica y maleable que interpela no únicamente a aquellos que promueven la reducción del Estado, en su caso la privatización de la beneficencia social, sino también a aquellos que la denuncian. Específicamente estudia a un grupo de voluntarios de la vieja izquierda socialista que participan en el campo de la beneficencia social privatizada, al tiempo que ondean el discurso de la solidaridad social. Según esta autora, abordar los proyectos neoliberales como proyectos que trascienden la lógica del mercado y reconfiguran las relaciones sociales, nos permite pensar la simultaneidad y dependencia mutua de discursos y prácticas que suelen analizarse como procesos independientes y antagónicos.22

Rose y Muehlebach han concentrado sus reflexiones sobre el neoliberalismo en lo que el primero llama las “democracias avanzadas” de Europa y los Estados Unidos, sitios en los que el Estado benefactor constituyó una realidad material durante la segunda mitad del siglo xx (con características muy distintas en ambos lugares), y donde ha sido desmantelado gradualmente. Ambos analizan el surgimiento y propagación de los principios neoliberales no como una ruptura contundente sino como un proceso discontinuo y complejo en el que los vocabularios del Estado de bienestar coexisten y entran en disputa con los vocabularios del neoliberalismo.23 Como veremos más adelante, el caso de México se inscribe plenamente en el contexto internacional al tiempo que presenta especificidades locales emanadas del legado revolucionario.

Del “pacto revolucionario” a la ciudadanía responsable

El régimen posrevolucionario mexicano, surgido de la lucha armada que tuvo lugar entre 1910 y 1917 y que prevaleció en el país hasta principios de la década de los ochenta, se inscribió en el horizonte del Estado benefactor del siglo xx.24 A diferencia de las sociedades industriales de Europa y los Estados Unidos, en México el bienestar social constituyó un proyecto nunca realizado plenamente, diferido hacia el futuro en nombre de la modernización.25 A partir de la década de los cuarenta, esta última estuvo basada en el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, el cual logró generar un crecimiento económico significativo y una expansión de las clases medias.26 Por otro lado, el Estado social tomó la forma de un “pacto corporativo”.27 Además de regir el desarrollo económico y conducir la vida política del país, el Estado posrevolucionario se erigió en mediador entre las clases sociales y en garante no sólo de la estabilidad, del crecimiento y de la modernización, sino también de una serie de privilegios (derechos laborales y derechos sociales) que eran otorgados a los sujetos incorporados al régimen a cambio de su lealtad.28 Dicho de otro modo, la legitimidad del Estado se sostenía en su capacidad de integrar a diferentes actores y posiciones de clase a sus estructuras corporativas y sectoriales (oficialmente los sectores obrero, campesino y popular), así como en su promesa de extender los derechos sociales y distribuir equitativamente los beneficios de la modernidad. Este proceso generó lo que Claudio Lomnitz denominó una ciudadanía social masificada.29

El proyecto de industrialización por sustitución de importaciones (y en general las políticas económicas inspiradas en el keynesianismo) llegó a su límite a principios de la década de los setenta. Sin embargo, fue la crisis de la deuda en 1982 la que detonó un cambio sustancial en el rumbo del desarrollo del país. Una variedad de factores convergieron en los orígenes de la crisis, entre ellos el endeudamiento acelerado, el aumento de las tasas de interés internacionales y la caída de los precios del petróleo. Esto dio por resultado que el gobierno mexicano fuera incapaz de continuar los pagos de la deuda externa a mediados de 1981, lo que potenció la fuga de capitales y detonó pánico en los mercados internacionales. La respuesta del entonces presidente José López Portillo fue movilizar el discurso del nacionalismo revolucionario, especialmente al nacionalizar la banca. No obstante, unos meses después finalizó su mandato con la firma de un acuerdo de estabilización con el Fondo Monetario Internacional (fmi), en el que se comprometía a introducir las primeras medidas económicas de ajuste estructural.30 Comenzaba así el camino hacia al neoliberalismo, cuyo tránsito sería asumido más claramente a partir de la administración de Miguel de la Madrid, quien subió a la presidencia de México en plena crisis de la deuda, en diciembre de 1982.

Como bien ha señalado Louise Walker, la transición del modelo estatal de desarrollo hacia el neoliberalismo no fue sólo una “imposición” externa, sino un proceso gradual, desordenado y discontinuo que involucró tanto cambios en las políticas públicas como en la retórica y la ideología dominantes, que se inscribían en las tendencias internacionales del momento.31 Fueron sobre todo las administraciones de Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en los Estados Unidos quienes popularizaron las ideas de los filósofos y economistas que se autonombraban “neoliberales” y las pusieron al centro de la política estatal, sobre todo, la noción de que el Estado benefactor había crecido en forma desmedida y que había tomado funciones que serían mejor llevadas por el sector privado. En el contexto de la crisis de la deuda, México se convirtió en un laboratorio privilegiado para la experimentación con las nuevas políticas económicas promovidas por organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (recortar el gasto público, acabar con el proteccionismo, privatizar las empresas estatales), que pudieron ser introducidas de manera relativamente sencilla gracias al carácter autoritario del Estado.32 Además de diseñar e introducir las nuevas políticas, los funcionarios mexicanos conocidos como “tecnócratas” comenzaron a movilizar públicamente los vocabularios políticos del neoliberalismo y a hablar del Estado posrevolucionario como “atraso y freno” para el desarrollo del país.33

En efecto, más allá del viraje en las políticas económicas, y tal como sucedió a escala internacional, este periodo estuvo marcado en México por el resurgimiento y la resignificación de viejos vocabularios liberales sobre el papel del Estado y la naturaleza de la sociedad, así como sobre la democracia y la ciudadanía. Fernando Escalante ha señalado que después la crisis en la opinión pública se comenzó a hablar de los problemas del país, desde la crisis misma hasta la corrupción rampante, como resultado del tamaño y del poder excesivo del Estado, que tenía que ser acotado por la sociedad, y se multiplicaron las voces que demandaban la democratización.34 De este modo, la crisis económica potenció la crisis del “pacto corporativo” entre el Estado y la sociedad que durante décadas había sido sostén del régimen.35 En dicho contexto, la Revolución dejó de ser representada –tanto en la esfera pública como en los círculos académicos– como una fuente de legitimidad para el Estado y sus políticas y se comenzó a ver como un lastre del pasado, que tendría que ser superado.

Pero no eran sólo los “tecnócratas” y los empresarios de la derecha, identificados con los principios del neoliberalismo, quienes criticaban el tamaño y el poder excesivo del Estado en ese periodo. También diversas corrientes de la izquierda denunciaban el corporativismo y participaban en el coro en contra del estatismo.36 Florencia Niszt ha argumentado que si bien la izquierda en México había tenido una actitud ambivalente frente al Estado posrevolucionario, muchos de sus miembros creyeron durante décadas que éste sería capaz de promover el desarrollo y la integración nacional y, al mismo tiempo, garantizar los intereses y los derechos de las masas populares.37 Sin embargo, hacia finales de la década de los setenta (en el contexto de las crecientes críticas al “socialismo real”) se fortalecieron las voces que criticaban la idea de un Estado fuerte que intervenía en forma desmedida no sólo en la economía sino en todos los ámbitos de la sociedad: “[La izquierda se volcó] hacía una forma de pensar al Estado, a la sociedad civil y al tipo de relación que querían construir entre ambos que terminó por atribuir todos los males del sistema político mexicano al Estado y dejó de pensar el papel que éste podía desempeñar para un proyecto político que recogiera los ideales socialistas”.38

Esto no quiere decir que las diversas corrientes de la izquierda no se opusieron a las políticas de ajuste estructural de los años ochenta, algunos incluso las llamaron “la Revolución vencida o la contrarrevolución triunfante”.39 Lo que sí sucedió es que el discurso de la izquierda comenzó paulatinamente a transformarse y a inscribirse en la tendencia de los nuevos vocabularios políticos neoliberales. En resumen, la transición al neoliberalismo en México no consistió en la mera adopción de procesos y políticas originados en los países del Atlántico-Norte. Tampoco se limitó a un viraje en las políticas económicas. El caso de México forma parte de un proceso más amplio de cambios situacionales, paulatinos y disputados que involucraron el surgimiento de nuevas racionalidades, tecnologías políticas y formas de gobernar, de nuevos vocabularios sobre el Estado, la responsabilidad personal, la ciudadanía y la comunidad, así como de nuevas sensibilidades y subjetividades políticas que trascendieron la división tradicional entre la izquierda y la derecha.

Como veremos en las siguientes secciones, las críticas al autoritarismo del régimen que aparecen en la prensa en torno al sismo de 1985 están entrelazadas con una forma emergente de pensar al ciudadano y al Estado. Diversas voces sostienen que el paternalismo apaga la capacidad organizativa de los ciudadanos, a quienes el corporativismo reduce a la posición de clientes. En este sentido, el discurso periodístico en torno a los sismos refleja al tiempo que produce un cambio crucial en el discurso público mexicano: la crisis del “pacto revolucionario” y la emergencia del ciudadano ideal que ya no depende de, ni es controlado por, un Estado corporativo y paternalista. Lo que me interesa demostrar es que este discurso es compartido, si bien con matices diferentes, por una variedad de actores de las más diferentes corrientes ideológicas y políticas: los damnificados, los intelectuales de la izquierda y la derecha, los empresarios, los políticos. De este modo, más que surgir como respuesta o “fuera” del contexto de la transición al neoliberalismo el nuevo discurso de la ciudadanía responsable que se comenzó a gestar en la década de los ochenta se inscribe dentro del emergente sentido común neoliberal

El sismo de 1985 y la solidaridad

El 19 de septiembre de 1985, la ciudad de México fue sacudida por un intenso sismo –8.1 en la escala de Richter– que causó una enorme devastación material así como miles de víctimas en la ciudad central, especialmente en las colonias Centro, Roma, Doctores y Obrera.40 Parecía llover sobre mojado. La ciudad y el país aún no superaban la crisis de la deuda iniciada en 1982 y vivían las consecuencias de las políticas de austeridad implementadas por el gobierno del presidente Miguel de la Madrid. En este contexto de tragedia sobre crisis, y ante la aparente inacción y desorganización de los gobiernos federal y local, en los días posteriores al sismo miles de ciudadanos acudieron espontáneamente a participar en los trabajos de rescate.41 Se organizaron brigadas que apoyaban en la remoción de escombros, en el transporte de los heridos, en el acopio de comida, ropa y medicinas para las víctimas. Estos acontecimientos tuvieron una enorme cobertura en la prensa nacional en los días y semanas posteriores al sismo. Además de reportar intensamente sobre los daños materiales, las pérdidas humanas y las acciones del gobierno, los periódicos dedicaron gran parte de su cobertura a lo que se representó como la “solidaridad” espontánea de la ciudadanía. Por citar tan sólo un par de ejemplos, un reportaje de La Jornada del 23 de septiembre afirmaba que “[a]nte la magnitud del siniestro, la sociedad civil ha respondido con valentía, voluntad, solidaridad…”.42 Por su parte una editorial de El Universal declaraba el mismo día:

Susceptible como es a las tragedias propias o ajenas, generoso como en otras ocasiones había demostrado ser con los demás, el pueblo mexicano está colaborando de manera ejemplar, para sobrellevar y llegar a resolver este gravísimo percance. […] Es necesario por eso, y para aprovechar experiencias dolorosas, si queremos, útiles, como ésta, hacer todo lo posible para conservar esta actitud ciudadana.43

Hacia finales de septiembre y principios de octubre, en la medida en que la ciudad comenzó a regresar a una cierta normalidad, el discurso de la solidaridad perdió centralidad. En su lugar se comenzó a escribir sobre el problema de la reconstrucción y, en ese contexto, apareció un nuevo actor central de la tragedia: los damnificados, aquellos que habían perdido sus viviendas, sobre todo, en las colonias populares del centro de la ciudad. Si bien los damnificados comenzaron a organizarse inmediatamente después del 19 de septiembre (cerca de cincuenta organizaciones de damnificados se crearon en las áreas más afectadas durante las primeras tres semanas posteriores al sismo), sus problemas y sus demandas pasaron en gran medida desapercibidos por la prensa.44 Esta situación cambió significativamente después del 27 de septiembre, día en que alrededor de 30 mil personas realizaron una marcha silenciosa –con la boca cubierta– del Ángel de la Independencia a la residencia presidencial de Los Pinos, donde exigían ser recibidos por el presidente. Entre sus demandas principales se encontraba la expropiación de los predios dañados o destruidos por el sismo para la reconstrucción de sus viviendas, así como su permanencia en el centro de la ciudad.45 A partir de entonces, los damnificados adquirieron una importante visibilidad en diversos diarios, donde, en términos generales, su movilización y sus demandas fueron presentados de manera positiva.46 Al mismo tiempo, los damnificados comenzaron a ser representados como una expresión del despertar ciudadano, incluyendo una nueva forma de organización política y de relación con el Estado.

Otro evento que marcó un cambio importante en la cobertura de los sismos en los diarios consultados fue la emisión de un decreto que expropiaba 5 mil 427 predios ubicados en diversas colonias de la ciudad central. Expedida por Miguel de la Madrid el 11 de octubre, la expropiación tenía como objetivo iniciar un programa masivo de reconstrucción. El decreto fue revisado y 10 días más tarde, el 21 de octubre, se emitió un nuevo decreto que reducía la expropiación a 4,308 predios, excluyendo aquellos localizados en la delegación Benito Juárez, así como en colonias de clase media de la Delegación Cuauhtémoc.47 Mientras que algunos comentaristas, funcionarios públicos y líderes del movimiento de damnificados celebraron la expropiación como una medida ejemplar, haciendo referencia a los compromisos con la justicia social del Estado posrevolucionario, otros, sobre todo los empresarios, lo denostaron como un regreso al “populismo” que el presidente De la Madrid se había comprometido a dejar atrás. En este sentido, tanto el tema de los damnificados como el de la expropiación generaron no sólo una intensificada cobertura en innumerables reportajes y crónicas, sino también la irrupción de múltiples voces que expresaron posiciones divergentes sobre el legado revolucionario, el papel del Estado ante la crisis y la ciudadanía emergente. Son estas fuentes las que conforman el material analizado en las siguientes secciones.

Los damnificados o “los que saben ayudarse”

El movimiento de los damnificados estaba compuesto por una diversidad de víctimas del sismo, desde los sobrevivientes del desaparecido Edificio Nuevo León, parte del conjunto residencial Tlatelolco, que pertenecían sobre todo a la clase media, hasta miles de habitantes de las viejas vecindades populares del centro de la ciudad, que habían quedado inhabitables. En general, la prensa dio mayor cobertura a los damnificados de Tlatelolco, aunque también cubrió la situación del centro de la ciudad. De cualquier manera, la mayoría de las notas periodísticas, sobre todo, los artículos de opinión, utilizan el término damnificado sin darle mayor especificidad.

Una característica crucial de la cobertura de los damnificados es que lejos de presentarlos como víctimas pasivas de la catástrofe, la prensa los presenta como un actor colectivo activo que toma su destino en sus propias manos. Una nota de El Universal del 1 de octubre reporta, por ejemplo, como los “vecinos de la Morelos” se resisten al derrumbe de una escuela que sufrió daños considerables, esto como parte de un temor generalizado de ser desplazados de su lugar de residencia. El reportaje celebra el arraigo y la “organización comunitaria” de los vecinos, quienes trabajan colectivamente “para reanudar las tareas en la escuela” y de ese modo impedir su cierre por parte de las autoridades.48

Además de presentarlos como grupos organizados y activos, la prensa se refiere a los damnificados como ciudadanos que no piden regalos al gobierno, sino que, además de ejercer sus derechos y obligaciones, demandan participar activamente en el proceso de reconstrucción. Así lo expresa y lo celebra una editorial de El Universal titulada “Los que saben ayudarse”, publicada el 14 de octubre:

La Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero ha dado una muestra de verdadero sentido ciudadano, al demandar la responsabilidad de la construcción de sus hogares. […] Los vecinos de la colonia no se han puesto a esperar la ayuda oficial, sino que han preparado su plan de trabajo en que la aportación [de materiales y mano de obra] que ellos hagan es básica [...] Dicho en otras palabras, se trata de un plan que desean realizar vecinos responsables, que no esperan dádivas oficiales, sino que están dispuestos a realizar todos los esfuerzos que sean necesario para contar con el hogar al que tienen derecho.49

La vivienda aparece en esta editorial como un derecho legítimo e incuestionable, siempre y cuando los “vecinos responsables” trabajen y contribuyan activamente, en su condición de ciudadanos, para ejercerlo. La contraparte de la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero implícita en el texto son aquellos –no ciudadanos– que esperan que el gobierno les “regale” los bienes a los que en teoría tienen derecho, sin asumir responsabilidad alguna o participar en el proceso. De este modo, los damnificados son representados de manera positiva no sólo porque sus demandas son legítimas sino, de manera más importante, porque tanto la expresión de las mismas cómo las soluciones propuestas para conseguirlas rompen con formas clientelares y paternalistas de participación y pertenencia política.

Lejos de indagar o comentar sobre la tradición organizativa en la que se funda el movimiento de damnificados (que más que surgir espontáneamente inauguró una nueva etapa en la lucha de las organizaciones urbanas populares),50 la prensa los presenta como el brote de una nueva cultura ciudadana. En efecto, los damnificados aparecen en numerosos reportajes y artículos de opinión, sobre todo, en los periódicos y revistas críticos al régimen, como un actor emergente, con una nueva sensibilidad política, que busca establecer una relación con el Estado no mediada por el corporativismo, además de expresar una sed de cambio político. Un reportero del diario La Jornada describió así la primera gran marcha del 27 de septiembre:

De esta manera los más desprotegidos entre los afectados por los temblores del 19 y el 20 inauguraron la etapa de las movilizaciones: con una mezcla de asombro e ingenuidad, prueba de que estamos en presencia de un movimiento social en gestación, pero con un potencial inversamente proporcional a la ceguera y el temor de las autoridades. […] Lo que se observaba por todos lados era inexperiencia y desorganización: los nuevos no aceptaban porque si los consejos de los viejos. […] En la juventud y frescura de este movimiento de damnificados radica su fuerza, y en la inexperiencia su debilidad. Pero ésta no podrá ser remontada si las organizaciones más consolidadas ven a la masa y a sus dirigentes naturales por encima del hombro.51

La imagen que aparece en este fragmento es la de un movimiento popular que desde la perspectiva del reportero no es fácilmente localizable en la geografía política de la Ciudad de México. El autor asigna un valor positivo a “la juventud y frescura” del movimiento, que contrasta no sólo con la cultura política del gobierno, sino también con la de las “organizaciones más consolidadas”. Es precisamente el perfil novedoso y aún no totalmente definido de la movilización de las víctimas lo que, según el reportero, le permite quedar fuera del control del aparato corporativo. Con un tono similar, un artículo de opinión del historiador Adolfo Gilly, publicado en la revista Proceso el 7 de octubre celebra, aunque con reservas, la emergencia de una nueva organización ciudadana:

[E]s impresionante el estado de discusión en que ha entrado la sociedad mexicana. Los debates, las conversaciones en los centros de trabajo, o en las colonias populares, las discusiones en las radios, son portadoras de un aluvión de ideas nuevas, iniciativas y preocupaciones que allí estaban –porque un terremoto no produce ideas por sí solo– pero ahora han tenido una ocasión de manifestarse y comunicarse entre sí.

Ello se combina con los brotes de organización, todavía elementales pero con los pies en la tierra, que están promoviendo los damnificados directos e indirectos –en sus viviendas, en sus familias, en sus puestos de trabajo, en sus proyectos de vida– dejados por el terremoto y por la política que el gobierno propone mantener.52

Gilly establece un vínculo entre la crisis de la deuda y las políticas de austeridad (“la política que el gobierno propone mantener”), por un lado, y “los brotes de organización” ciudadana frente al sismo, por otro. Es un momento de ruptura cuando el pueblo descubre su propia fuerza y capacidad de organización. Asimismo, como para otros comentaristas de la izquierda, para Gilly el despertar ciudadano sugiere que el autoritarismo estatal ha llegado a su límite. El tema del quiebre del autoritarismo aparece también en otro artículo de opinión de la misma edición de la revista Proceso, firmado por Jorge Castañeda:

Como consecuencia del sismo se abrieron anchas grietas en el edificio. Quizás sean reparables. Nada se ha caído, pero en todo caso el costo de la reparación será oneroso. [...] El debilitamiento proviene de dos factores, actuando ambos en el mismo sentido. El primero, tal vez el más importante, tiene que ver con algo que la ciudadanía redescubrió, después de años de olvido y desuso: la utilidad e incidencia de lo que se hace. En buena medida, la fuerza del sistema y del pri a lo largo de los años ha descansado en la convicción de la mayoría de los habitantes del país de que, en la esfera de la actividad política, hágase lo que se haga, todo sigue igual, nada importa. De nada sirve manifestar, votar, ponerse en huelga, protestar: ningún acto político, individual o colectivo, es pertinente, tiene consecuencia alguna. El gobierno, el pri son demasiado poderosos: nada les afecta.53

Vemos entonces como al tiempo que los damnificados (y de manera más amplia los habitantes de la ciudad de México) son representados como actores activos que cansados del autoritarismo y el corporativismo comienzan a construir y demandar nuevas formas y canales de participación política, el régimen posrevolucionario es representado como debilitado, en crisis o incluso roto. A este tipo de interpretación se suman también los editores de la revista Nexos:

La magnitud de la tragedia suscitó de inmediato reacciones colectivas desconocidas en la vida del México contemporáneo. [...] En el largo fin de semana que vivió la ciudad entre el 19 y el 22 de septiembre, pese a las excepciones, la actitud de generosidad persistió y la sociedad civil cobró formas inusitadas. Tanto que no es exagerado decir que en esos días hubo un millón de personas en la calle colaborando en distinta medida, participando en la limpia de escombros, trasladando gente a los albergues, reiterando su decisión de ser al mismo tiempo vecinos solidarios y ciudadanos que empezaban a serlo de esa manera abrupta y multitudinaria.54

Esta afirmación supone que aquellos que comenzaron a ser ciudadanos a partir de los acontecimientos detonados por el sismo no lo eran previamente, imposibilitados de serlo por un sistema político que promovía el clientelismo como forma privilegiada de participación y acceso a los derechos. El discurso periodístico en torno al sismo se inserta entonces en un debate más amplio sobre el autoritarismo del régimen y sus estrategias de dominación, así como en una discusión sobre el papel que deben asumir los ciudadanos frente al Estado.

Como es evidente en las citas hasta ahora analizadas, hay diversas posturas y matices en los textos. La editorial de El Universal que elogia a los damnificados por “saber ayudarse” a sí mismos sin esperar la “ayuda oficial” pone énfasis en la responsabilidad ciudadana como condición esencial para el ejercicio de los derechos, sin hacer una crítica explícita a las prácticas corporativas del Estado. Por otra parte, los reporteros y editorialistas identificados con la izquierda entretejen sus comentarios sobre los damnificados con referencias al (mal) manejo de la crisis de la deuda y desde ahí plantean la crítica al Estado autoritario, dando así un significado más explícitamente político (y de oposición) a sus textos.55 Lo que atraviesa los distintos matices, visiones y posturas que aparecen en los diarios consulta­dos es la figura del ciudadano como un actor emergente, activo, responsable, dialogante, hambriento de participación. Ésta contrasta con la figura de un Estado autoritario, excesivo, antidemocrático, corporativo, corrupto y anquilosado. En otras palabras, sumándose a los efectos de la crisis de la deuda, el sismo agudizó la pérdida de legitimidad del Estado posrevolucionario que era crecientemente visto –tanto desde la izquierda como desde la derecha– como una institución cuyo poder tenía que ser limitado por la sociedad. Un editorialista de Unomasuno lo expresó así el 3 de octubre:

La movilización de la sociedad civil no sólo se dio como respuesta, sino también como recusación de la fatalidad, como rechazo al carácter aparentemente natural e inexorable que cada quien ocupa en el entramado social y como rechazo a la subordinación, inmovilidad y tutelaje a los que los capitalinos han sido sometidos durante décadas.56

Ahora bien, las figuras de una sociedad activa y del ciudadano como un actor participativo y responsable hasta ahora analizadas también aparecen ampliamente en las declaraciones de las autoridades estatales y los políticos de diversos partidos. Es claro que lejos de presentar un discurso unificado, los funcionarios gubernamentales ofrecen una cacofonía de voces y opiniones a menudo contradictorios, lo cual refleja no sólo la profunda desorganización del gobierno ante la catástrofe, sino la multiplicidad de públicos a los que dirigen sus palabras: los damnificados, las clases medias, los políticos del pri, la oposición, los empresarios, entre otros. En medio de estas múltiples voces y posiciones, el presidente De la Madrid hace constante referencia a la importancia de la participación de la sociedad y de la ciudadanía. Lo hace el 9 de octubre, durante el acto público en el que crea la Comisión de Reconstrucción; lo repite un par de días más tarde, el 11 de octubre, cuando expide el decreto expropiatorio. Al día siguiente, en una reunión con los damnificados afuera de Los Pinos el presidente invoca y celebra la corresponsabilidad de la sociedad. Así lo reportó Excélsior:

El Jefe del Ejecutivo recordó palabras que los propios damnificados reunidos frente a él le habían expresado en los primeros momentos de la tra­gedia en el sentido de que ellos, habitantes de colonias populares, y como dignos mexicanos, no querían donativos, ni regalos, sino el apoyo del gobierno para reconstruir sus viviendas. […]

Agregó el Jefe del Ejecutivo que los habitantes de estas colonias populares se supieron organizar para la emergencia y que los propios vecinos nombraron a sus representantes de manzana, de barrio, de calle, “y ésta es la mejor base que puede tener el gobierno para actuar; más eficaz cuando se apoya en la organización del propio pueblo, y ustedes han sabido establecer esa organización”.57

El presidente moviliza la figura de una sociedad organizada y responsabilizada que no busca “donativos ni regalos”. Sin embargo, la despoja de su dimensión crítica o, en otras palabras, la domestica alposicionarla bajo el manto de un Estado protector. Por su parte un senador del pri declara ante la prensa el 12 de octubre que el proceso de reconstrucción “no será una dadiva, sino la concurrencia de los ciudadanos para edificar su vivienda”. El público al que se dirige esta afirmación no es el de los damnificados, como en el caso de la cita del presidente, sino los círculos empresariales y políticos. La figura de la ciudadanía responsable busca en este caso conjurar al fantasma del “populismo” del cual la administración de Miguel de la Madrid había buscado distanciarse. En otras palabras, el ciudadano es invocado no como oposición al régimen, sino como afirmación de su legitimidad.

Es importante señalar que los vocabularios políticos de la ciudadanía movilizados por diversos representantes y voceros del régimen –como los expresados en las citas precedentes– coexisten con las formas discursivas, así como con las prácticas políticas, propias del corporativismo estatal. Un editorialista de Excélsior captura elocuentemente esta superposición de discursos en una crónica de la ceremonia en que se creó la Comisión de Reconstrucción. En el texto ironiza el tono celebratorio de la prensa respecto al advenimiento de la “ciudadanía” y “la sociedad civil” después de los sismos, contraponiéndolo con el despliegue del nacionalismo revolucionario durante el evento:

Camina hacia la tribuna el primer orador [...] Primero, el obrero, portavoz del Congreso del Trabajo. Habla de la unidad revolucionaria, unidad en torno a Miguel de la Madrid, el conductor. [...] El tercero es el líder –a falta de otro título– de la Confederación Campesina, “tigre” cuyos rugidos demagógicos vaticinan los buenos resultados de la tarea de reconstrucción, porque la coordina el líder nacional Miguel de la Madrid. […] Divaga la mente en la duda –tema quizá del análisis politológico o sociológico– de si este tipo de organizaciones obreras y campesinas, o sus adalides, son parte formativa de la sociedad civil o son mallas de la tupida red estatal. Queda en suspenso el juicio, de vuelta a la secuencia oratoria. Entre obrero y campesino, el capital –también de la sociedad civil, ¿no?– cuyo valedor, del Consejo Coordinador Empresarial, sacó la piedra filosofal capaz de acabar con todas las desgracias del monstruo citadino: suprimir toda clase de subsidios.58

Como sugiere este fragmento, a mediados de la década de los ochenta, lejos de ser un residuo del pasado, la retórica y las prácticas del corporativismo estatal siguen teniendo una importante fuerza performativa. Sin embargo, al momento del sismo dichas formas y vocabularios políticos coexisten con un creciente clamor por la autonomía de la sociedad y la participación ciudadana o, en otras palabras, por la activación de la sociedad civil frente al Estado. Resulta significativa la manera como el presidente busca legitimar sus acciones y, en especial, su respuesta a las demandas de los damnificados, precisamente mediante la movilización de ese nuevo discurso, el cual, al mismo tiempo, resulta legible para el “sector” empresarial, que para entonces suscribe cada vez más vocalmente los principios económicos del neoliberalismo, como veremos en la siguiente sección. Tenemos entonces un horizonte discursivo (y político) en transformación, donde diversos actores movilizan nuevos vocabularios políticos, como es el caso de la ciudadanía activa y responsable, que si bien tienen significados divergentes (la izquierda los moviliza como crítica al autoritarismo, los empresarios como crítica al populismo; los políticos como una forma de legitimación de sus políticas, etcétera) coinciden en una crítica al estatismo y en una celebración de la autonomía y activación de la sociedad.

Expropiación, populismo y ciudadanía

Si en la celebración de la activación de la sociedad y la ciudadanía convergen diferentes voces, no lo hacen en la cuestión de cómo resolver las demandas de vivienda de los damnificados. Como mencioné anteriormente, el decreto expropiatorio del 11 de octubre disparó una contenciosa discusión en la prensa sobre el papel del Estado, el populismo, la propiedad privada y el “pacto corporativo”. Mientras que algunas voces lanzaban grandilocuentes elogios al Estado posrevolucionario, así como a su compromiso con la justicia social y con los más desposeídos, otros denunciaban los decretos como un regreso al populismo del cual se había distanciado Miguel de la Madrid y como una peligrosa “estatización” de la reconstrucción. Efectivamente, la medida parecía contradecir las propias políticas encaminadas a reducir el intervencionismo del Estado que habían sido impulsadas por el régimen desde 1982, así como la retórica antipopulista con las que éstas habían sido justificadas.

Lo que me interesa destacar es que las críticas a la expropiación encuentran puntos de convergencia con el discurso de la activación de la ciudadanía responsable que analicé en la sección anterior. Las denuncias del “estatismo” y el “populismo” se entrelazan con celebraciones a la autonomía que la sociedad civil demostró después de la catástrofe. Los críticos afirman que mediante acciones retrógradas, como el decreto expropiatorio, el Estado limitará la responsabilidad y el carácter emprendedor de los individuos. En otras palabras, posturas que se concebirían a sí mismas como opuestas, inclusive antagónicas, se deslizan hacía un horizonte discursivo común.

Como en el caso de las declaraciones sobre los damnificados, los funcionarios públicos y los políticos afiliados al pri expresan posturas divergentes, incluso contradictorias con respecto a la expropiación. Por un lado, ésta detona una exaltación del nacionalismo revolucionario por parte de algunos sectores del pri, probablemente en un intento de enmarcar no sólo la respuesta gubernamental, sino sobre todo la organización de los damnificados dentro del esquema corporativo del régimen. Así, por ejemplo, reportó la revista Proceso, las declaraciones de un prominente político unos días después de la expropiación: “Adolfo Verduzco, líder nacional del pri, afirmó que su partido ‘apoya vigorosamente’ la expropiación de predios, ya que evidencia ‘el compromiso que el gobierno de la revolución mantiene con el pueblo y con la procuración de justicia social’”.59

Si bien, declaraciones como ésta movilizan el discurso de la Revolución como fuente de legitimidad para la expropiación, los políticos y funcionarios priistas buscan al mismo tiempo legitimar la medida ante las clases medias y ante los empresarios, para lo cual insisten que la decisión no fue tomada “ante la presión de los habitantes de los barrios”, según la declaración de un funcionario local;60 o que no obedece a “presiones políticas, sino a necesidades de las mayorías”, según las palabras del presidente De la Madrid.61 Se insiste también en que la medida se ajusta a la constitución y, de manera muy importante, que no implica un regreso al populismo. Así reportó Excélsior las declaraciones de un senador priista:

El término “expropiación” espanta a muchos, pero se debe recordar que en México el derecho de propiedad no es absoluto y está supeditado a la función social, declaró ayer el presidente de la Gran Comisión del Senado de la República Antonio Riva Palacio López. [Ésta] no implica un cambio en la política del presente régimen, que se ha caracterizado por ser respetuoso de la Constitución.62

Vemos entonces que al tiempo que se exalta la medida como un ejemplo de la “justicia social” del régimen posrevolucionario, se insiste en el lenguaje de la legalidad y de la responsabilidad ciudadana como antítesis del paternalismo. Algunos editorialistas se refieren a la expropiación como un mal necesario, una medida válida en tanto va encaminada a “resolver un gravísimo problema de orden humano y de necesidad vital”.63 Estos argumentos no convencen a los críticos, tanto a los políticos del Partido Acción Nacional, como a los empresarios y a numerosos editorialistas. Algunos condenan enérgicamente la medida por considerarla violatoria del derecho a la propiedad y porque desincentivará la inversión en la industria de la construcción, como lo expresa una editorial de El Universal publicada al día siguiente del primer decreto:

A todas luces resulta incongruente, por contradictoria, antijurídica e ineficaz, la medida expropiatoria del Gobierno federal […] Esta disposición no es sólo violatoria del derecho de propiedad, garantizado por la Constitución, sino que se da en momentos en lo [sic] que es necesario impulsar la construcción y no desalentar ésta […] No hay duda de que el derecho a la vivienda es también una prerrogativa constitucional, sin embargo en los actuales momentos esto resulta muy difícil.64

Mientras que el texto reconoce el derecho a la vivienda, éste queda supeditado al derecho a la propiedad privada, que es necesario respetar a toda costa para que el mercado funcione adecuadamente. Un Estado que asume las tareas de reconstrucción no es visto como la solución al problema de los damnificados. Lo correcto, según el texto, sería crear las condiciones para que el mercado se encargue de hacerlo.

Otros críticos consideran la expropiación como un regreso al populismo del pasado. Según un reportaje del mismo diario, el pan incluso atribuye la medida “al ex presidente Luis Echeverría, quien estuvo en los pinos un día antes” de la emisión del decreto.65 Los representantes del sector privado que se pronuncian enérgicamente en contra de la expropiación invocan el fantasma de las expropiaciones del cardenismo así como la nacionalización de la banca como un pasado que no hay que repetir. La condenan también como una preocupante señal del creciente “estatismo” del régimen. Así reportó la prensa las declaraciones del dirigente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio:

[La Concanaco] condenó la recurrencia a acciones de corte paternalista: “El decreto expropiatorio constituye un documento regresivo y de orden populista que insiste por el camino de la estatización, afirmó ayer Nicolás Madahuar Cámara. […] Con la emisión del decreto, destacó igualmente el dirigente de los comerciantes privados, las autoridades federales han perdido una oportunidad más de llevar al país por la vía de la inducción y la concertación de esfuerzos con la sociedad civil, que en los trágicos momentos vividos después de los terremotos mostró su capacidad de acción y respuesta en los momentos de crisis.66

Al tiempo que denuncia al “estatismo” y al paternalismo del régimen, este empresario defiende la autonomía de la sociedad. Desde su perspectiva, esta última no será posible si el Estado no deja atrás sus viejas estructuras, su autoritarismo y su intervencionismo. En este sentido, en el discurso antiestatista y celebratorio de la autonomía de la sociedad y de la ciudadanía responsable que se moviliza en torno al sismo de 1985 convergen –aunque con diversos matices– sectores muy diversos, la prensa oficialista, los intelectuales de la izquierda, los políticos de diversos partidos y algunos sectores conservadores. De este modo se comienzan a desdibujar lenguajes y referencias que hasta entonces habían sido importantes para la izquierda, por ejemplo, la pertenencia de clase. Es claro que hay diferencias cruciales entre aquellos que celebran la ciudadanía de los damnificados y aquellos que denuncian los decretos expropiatorios por atentar contra la propiedad privada, aún si esta medida se apoya en la constitución. Lo que me interesa destacar es que a pesar de estas diferencias fundamentales podemos vislumbrar el surgimiento de un horizonte discursivo compartido que se ha consolidado desde entonces, hasta volverse sentido común, a la par de la geografía política neoliberal.

Conclusión

En este artículo he propuesto pensar al neoliberalismo en México no únicamente como una serie de políticas económicas y sociales que han sido implementadas a partir de la década de los ochenta, sino como un proceso amplio que ha implicado la reconfiguración del Estado, la sociedad y la ciudadanía (y la relación entre ellos), así como el surgimiento y propagación de nuevas racionalidades y tecnologías de gobierno y de nuevos vocabularios políticos. Más específicamente, he argumentado que el neoliberalismo ha reactivado y resignificado vocabularios liberales sobre el Estado, la sociedad y el ciudadano, según los cuales este último debe responsabilizarse de su propio bienestar en el marco del libre mercado, esto a diferencia del ciudadano, supuestamente pasivo y dependiente del Estado benefactor. Estos vocabularios políticos aparecen hoy como “naturales” a escala internacional o, en otras palabras, constituyen un “sentido común” dominante. Dicho sentido común confiere legitimidad en la opinión pública a ciertas prácticas y formas de participación y pertenencia política al tiempo que deslegitima a otros vocabularios (por ejemplo, aquellos que hacen referencia a las condiciones materiales de la pobreza) y a otras formas políticas que aparecen como obsoletas o peligrosas en la opinión pública (por ejemplo, el “populismo”). He argumentado también que en las últimas décadas diversos proyectos políticos, visiones y valores se han inscrito en el sentido común dominante, incluso aquellos que se conciben como antagónicos al orden neoliberal.

Desde esta perspectiva, el presente artículo ha buscado contribuir a la historia del neoliberalismo en México mediante la discusión y análisis del discurso periodístico en torno al sismo de 1985. He buscado demostrar que los discursos de la autonomía de la sociedad frente al Estado, así como de la ciudadanía responsable que aparecen en la prensa en ese momento deben ser analizados como parte de una tendencia más amplia de dimensiones internacionales. En los países industrializados, sobre todo, en Europa, en los ochenta, los críticos del “paternalismo” del Estado benefactor –tanto de la izquierda como de la derecha– afirmaban que este último limitaba la madurez ciudadana. Delineaban entonces una oposición entre un Estado que había crecido en forma desmedida, por un lado, y los ciudadanos libres y autónomos con capacidad de autorregularse, por otro.

En el caso mexicano, la crítica al “estatismo” debe ser comprendida a la luz del “pacto corporativo” que se estableció durante el Estado posrevolucionario, donde el acceso a los derechos estaba mediado por la pertenencia a las estructuras corporativas y clientelares del régimen. Esta intricada relación entre lo social y lo corporativo impactó las críticas al Estado posrevolucionario en la década de los ochenta (y después) por parte de actores de las más diversas corrientes ideológicas. El estatismo, el corporativismo y el clientelismo comenzaron a aparecer en la opinión pública como la antítesis de otros vocabularios políticos que demandaban y celebraban la autonomía de la sociedad y la activación de la ciudadanía responsable. A medida en que en se fueron consolidando los vocabularios políticos neoliberales, en las décadas subsecuentes se desdibujaron otros vocabularios críticos del Estado, como aquellos basados en un lenguaje de derechos sociales o, de manera más categórica, de clase social. Estos lenguajes, al igual que la Revolución, pasaron a ser representados en la opinión pública –por actores diversos, que se verían a sí mismos como incompatibles, incluso antagónicos– como reductos de un pasado autoritario que debe dejarse atrás.

Agradecimiento

La investigación para este artículo fue posible gracias a una estancia posdoctoral en el Programa de Becas Posdoctorales en la unam. Instituto de Investigaciones Sociales, unam.

Bibliografía

Fuentes primarias

Periódicos

Excélsior, 20 de septiembre al 19 de noviembre de 1985

La Jornada, 20 de septiembre al 19 de noviembre de 1985

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Unomásuno, 20 de septiembre al 19 de noviembre de 1985

Revistas

Nexos, 1985 y 1986

Proceso, septiembre y octubre de 1985

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