Introducción

El control fronterizo y las estrategias de vigilancia y control de la frontera con México no se pueden comprender cabalmente sin la presencia del “vigilantismo”, acciones de acecho y violencia de particulares contra migrantes irregulares o indocumentados -illegal aliens, en la terminología oficial estadounidense-, que no sólo ha impactado negativamente en los flujos migratorios irregulares, sino también las relaciones Estados Unidos-México. La hipótesis que se defiende sostiene que el complejo de control fronterizo desarrollado sobre el actual modelo the southwest border wall system en la frontera suroeste de los Estados Unidos (EE. UU.), tuvo en la presión de la opinión pública conservadora estadounidense y entre los promotores del “vigilantismo” un factor con peso significativo, al extremo de intoxicar ideológicamente la política migratoria o el control fronterizo.

Tales ideas se exponen, en este artículo, desde en un enfoque cualitativo con perspectiva histórica, a través de seis apartados que analizan los principales acontecimientos y debates habidos en los últimos 30 años para construir un perfil de la problemática que encierra el “vigilantismo” como factor que perturba y modela el orden fronterizo, con acciones desde Estados Unidos y México.

En el primer apartado, se hace una breve revisión teórica que muestra la relevancia del estudio de las fronteras, asociadas a su vigilancia y al combate o disuasión de los flujos migratorios internacionales y a las movilidades transfronterizas de carácter clandestino. A su vez, destaca la importancia que ha tenido la militarización en ello, la cual ha salido a relucir, de manera importante, a través de estudios cualitativos que han abonado al conocimiento de esta temática en la frontera Estados Unidos-México.

El segundo apartado aborda los operativos de vigilancia y control fronterizo que se implementaron en la frontera de México y Estados Unidos en los años noventa del siglo pasado, y que transformaron radicalmente el panorama fronterizo. El siguiente apartado se centra en los primeros pasos del “vigilantismo” civil y la construcción de la barda fronteriza que pretendía detener los flujos migratorios. En la cuarta sección se analiza el nuevo orden fronterizo que tuvo lugar después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en que inicia una nueva era de control y vigilancia que afectó a los migrantes.

Posteriormente, se esbozan a los vigilantes de la frontera: rancheros, Minuteman, Guardia Nacional y tele-patrullajes que, en conjunto y de diversas maneras, tenían la finalidad de asegurar una estrecha y eficaz vigilancia fronteriza. En la última parte se plantea la co-vigilancia y la doble vigilancia como los principales elementos que caracterizan la vigilancia actual en la frontera Estados Unidos-México.

La aportación cualitativa en el análisis de la vigilancia y la militarización en la frontera Estados Unidos-México

En los últimos 150 años, la historia de la frontera Estados Unidos-México está indiscutiblemente ligada a la vigilancia, el cruce de migrantes, el tráfico de drogas y la militarización de ese territorio. Hoy en día, es prácticamente imposible imaginar esa frontera sin estrictos controles migratorios, vallas y herramientas de alta tecnología que forman parte del Wall System que los Estados Unidos han implementado, de manera sistemática, desde hace quince años cuando su Senado aprobó la Ley de Valla Segura/ Secure Fence Act (United States Department of Homeland Security, 2020) y que se complementa con el constante vigilantismo de los particulares en la frontera.

La relevancia del estudio de las fronteras, asociadas a su vigilancia y al combate o disuasión de los flujos migratorios internacionales y las movilidades transfronterizas de carácter clandestino, ilegal e incluso “alegal” -exceptuando casos como los del Telón de Acero [Iron Courtain], el muro de Berlín, las de Israel u otros de naturaleza geopolítica y problemática-, hay que situarlo a principios de la década de 1990. Posiblemente, el primer trabajo con voluntad de perspectiva internacional es el de Cornelius, Martin y Hollifield (2004 [1994]).

Sin embargo, el énfasis en la frontera de Estados Unidos con México y especialmente en la “militarización” de la frontera, estableciendo un nuevo paradigma de vigilancia en esa región, a su vez supuso un enfoque que es indisociable del concepto de conflicto de baja intensidad y se lo debemos a Dunn (1996). Al respecto, podemos asociar el concepto de conflicto de baja intensidad, más recientemente, con el concepto de “guerra híbrida”. Especialmente cuando países como Turquía, en 2016, y Marruecos o Bielorrusia, en el 2021, utilizaron masas de migrantes extranjeras o propias para provocar caos fronterizos y flujos de migrantes desbordados a la manera de agresiones internacionales.

Posteriormente, el concepto de militarización en contextos fronterizos tuvo una vuelta de tuerca cuando Nagengast (1998) hizo hincapié en la militarización de la Border Patrol. Los patrulleros, las infraestructuras y la tecnología estaban relacionados directa o indirectamente con el ejército de los EE. UU. De este modo, la militarización aparecía en ámbitos inéditos y, dos décadas después, incluso se habla de militarización de la seguridad pública en América Latina (Moloeznik y Medina, 2019).

A partir de ahí, el tema de la vigilancia de las fronteras, pero más bien desde una perspectiva macro o donde el trabajo de campo no tenía un peso significativo, eclosionó con trabajos como los de Andreas (2000), Andreas y Snyder (2000) o Nevins (2002). Posteriormente se sumaron textos como el de Payán (2016 [2006]), que, con su énfasis en las drogas, la inmigración y seguridad, a las que llama las tres guerras de la frontera, abonó no sólo a historiar la frontera Estados Unidos-México y delinear sus etapas desde el campo del análisis político, sino que también contribuyó a revalorizar técnicas cualitativas, como las conversaciones personales del investigador o sus propias observaciones de viaje, a lo largo de la frontera Estados Unidos-México.

Sin embargo, son libros como los de Baumann, Lorenz y Rosenow (2011) o Alonso (2013) los que aportan investigaciones con trabajo de campo y observaciones directas del impacto de la vigilancia en las fronteras internacionales de Europa occidental, o la de EE. UU.-México, incluidas la naturaleza y consecuencias de algunas prácticas de vigilancia. De hecho, Alonso (2013) desentierra un actor que parece peculiar e indisociable de la frontera EE. UU.-México, como lo son los vigilantes civiles, pertrechados generalmente con armas de alto poder; la expresión actual de un viejo problema en la historia de la frontera, donde hay testimonios de asesinatos y auténticas cacerías de migrantes.

En la literatura más reciente, cabe mencionar la obra de Saddiki (2017), por la voluntad de evaluar el mundo de muros en tiempos de globalización, muros fronterizos “virtuales” [electrónicos] incluidos, con especial énfasis en las contradicciones y efectos contraproducentes o nefastos; o el libro coordinado por Pérez Caballero y López León (2020), que destaca el vínculo del vigilantismo con el crimen organizado en el Estado fronterizo de Tamaulipas y, en general, en el noreste de México. En ese libro se hace un recuento teórico e histórico que abona la discusión conceptual y se acerca al fenómeno del vigilantismo con técnicas cualitativas, como la observación, la entrevista y la revisión de documentos históricos y fuentes hemerográficas.

Finalmente, ya que no podemos ser exhaustivos, una síntesis a este proceso de las últimas décadas la ofreció Wilson (2014) al criticar la militarización de las fronteras, ya que la experiencia en Norte América y Europa occidental ponen de manifiesto que no desactivan los peligros y amenazas, sino que disparan una escalada de sofisticación en las operaciones de los actores y los grupos a los cuales se pretende combatir, como se ilustra en el recuento de los principales acontecimientos que se hace en las páginas siguientes y que, a su vez, nos permite señalar -como se destaca en las conclusiones- que el vigilantismo operó en algunos periodos como un estímulo para visibilizar y publicitar cierta “militarización” de la frontera EE.UU.-México.

Los primeros operativos de vigilancia y control fronterizo Estados Unidos-México

La frontera México-Estados Unidos, la frontera suroeste [southwest] de los EE. UU., se extiende desde Imperial Beach, en el condado de San Diego o municipio de Tijuana, a la desembocadura del Río Grande o Bravo, en Brownsville, o en Playa Bagdad, Matamoros. Su configuración actual refleja el proceso histórico habido en los últimos 35 años, especialmente desde la regularización del Immigration Reform and Control Act (IRCA) en 1986, suceso a partir del cual, a los históricos problemas de contrabando y cruce indocumentado de migrantes se les unió, primero, el combate frontal al tráfico de drogas y, posteriormente, el terrorismo. El combate a la migración irregular queda ilustrado por la operación Wetback [espalda mojada] de 1954. Posteriormente, desde la presidencia de Nixon (1969-1974) y de Reagan (1981-1989), el combate prioritario a las drogas y la migración en la frontera suroeste se entrelazaron, pasando tanto el Immigration and Naturalization Service (INS) como la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) a combatir también el tráfico de drogas (Dunn, 1996, p. 80; Dunn, 2001, pp. 8-9; Meyers, 2005, p. 4).

El actual panorama fronterizo comenzó a transformarse radicalmente con la victoria de Bill Clinton a la presidencia de los EE. UU., en 1992. Los republicanos habían gobernado en el periodo de 1981-1993, pero acusaron a Clinton de haber perdido el control de la frontera. El 19 de septiembre de 1993, el INS puso en marcha la Operation Blockade, que en México denominaron “Bloqueo”. La Patrulla Fronteriza del sector de El Paso se desplegó a pie de frontera frente a Ciudad Juárez, Chihuahua, para vigilar sobre el terreno (Ortiz, 1994, pp. 227-229; Vila, 2004, p. 17). Abarcó el área metropolitana de El Paso y el objetivo oficial era disuadir a los “extranjeros ilegales” [deter illegal aliens] de intentar cruzar la frontera o, dicho de otra manera, “bloquear” el paso a migrantes irregulares, a tres meses de que comenzara el Tratado/Agreement de Libre Comercio (TLCAN/NAFTA). Las protestas sociales y oficiales desde México consiguieron que la Operation Blockade fuese “diplomáticamente renombrada Operation Hold-the-line” (Eschbach et al., 1999, p. 448).

El mismo año en que las relaciones comerciales entre México y los EE. UU. comenzaron a regirse por el TLCAN, la administración Clinton impulsó la INS’ Southwest Border Strategy (Estrategia de la frontera suroeste del INS). Fue presentada en febrero de 1994 por Janet Reno (Attorney General) y Doris Meissner (Commissioner del INS), como el documento de referencia que trazaría la arquitectura futura de los operativos Gatekeeper en San Diego (CA), Hold the Line en El Paso (TX), Río Grande en McAllen (TX), Safeguard en Tucson (AZ) e, incluso, la Arizona Border Control Initiative (ABCI) sobre toda la frontera de Arizona. Constituía una hoja de ruta básica que fue reinterpretada sobre la marcha en cada caso o circunstancia que se presentaba en cada sector de la Patrulla Fronteriza, o por las retroalimentaciones a partir de la experiencia de cada sector. El documento contiene ya algunos de los conceptos e ideas que siguen vigentes en la actualidad, 26 años después, sobre la vigilancia fronteriza (INS, 1999).

La “Estrategia de la frontera suroeste” se consideró un programa innovador, con proyección multianual, cuatro fases y distintas etapas, orientada a consolidar las políticas, medidas y acciones orientadas a aplicar (enforcement) las leyes de inmigración estadounidenses; con especial énfasis en la interrupción (bloqueo, blockade) o fractura de las tradicionales rutas o corredores ilegales utilizados por los inmigrantes a lo largo de la frontera de la nación con México, que los documentos oficiales estadounidenses prefieren referir con el más amistoso y diplomático the nation’s Southwest border: la frontera suroeste de la nación. Se esperaba así dificultar el cruce, hacerlo más costoso, disuadir las entradas ilegales y disminuir el flujo migratorio.

Dos de los nuevos conceptos impulsados por la nueva estrategia operaban sobre la noción de una frontera de 2000 [sic] millas concebida como una entidad única y sin fisuras (a single, seamless entity), lo que obligaba a fortalecer las labores de vigilancia y aplicación de las leyes en ese nuevo espacio privilegiado entre garitas o puertos de entrada a Estados Unidos. Para ello había que identificar y privilegiar el trabajo en aquellas áreas vulnerables y con necesidades específicas, así como dotar con más personal, equipo moderno e infraestructuras que permitieran una mejor y más eficiente vigilancia (INS, 1999). Conceptos que en realidad son metáforas, como a single, seamless entity, ilustran el contenido propagandístico y la retórica ideológica que encierran algunos documentos oficiales, escritos pensando en sus rivales políticos; visiones irreales cercanas a lo que años después hemos conocido como fake news.

La estrategia se presentó en febrero de 1994 y el 1 de octubre, iniciando el año fiscal, el INS puso en marcha en el sector de San Diego, California, la operación “Gatekeeper” (traducida como Guardián). El primer objetivo se focalizó en un área crítica de 5 millas (8 km) entre el mar y la garita (Port of Entry) de San Ysidro, frente a Tijuana, donde por aquellos años se realizaba el treinta por ciento de todos los cruces fronterizos ilegales. Se rescataba la filosofía y algunos elementos de Blockade/Hold-the-line, pero desarrollaba otros propios, como la barda o muro de láminas de acero frente a Tijuana, levantada hacia 1991, cuando estaba el republicano Bush sénior en la presidencia. Aquel sorprendente primer muro fronterizo comenzó a levantarse apenas dos años después de la caída del muro de Berlín, en el otoño de 1989. Gatekeeper ya fue diseñado y asesorado por el US Department of Defense’s Center for Low Intensity Conflicts (Smith, 2000; Dunn, 2001).

La fase II de Gatekeeper inició en 1996 y llevó la barda a donde inician las montañas de Otay, adentrándola más de 20 km desde el océano, con Clinton de presidente. La extendieron más allá de Tijuana, hasta Tecate. Posteriormente, en octubre de 1997, la fase III comenzó a extenderse hacia el sector de El Centro, en el desierto del condado de Imperial, hasta los límites con el Río Colorado y Arizona. Para 1998, Gatekeeper abarcaba la totalidad de las 66 millas de frontera del sector. El muro se levantó frente a los tramos urbanos de Tijuana, Tecate y Mexicali. La respuesta a este reforzamiento de la vigilancia fronteriza por parte de las organizaciones de polleros y coyotes (the alien smuggling rings o redes de contrabando de extranjeros, según las fuentes oficiales estadounidenses) fue la de mover el flujo migratorio hacia el este de Tijuana, hacia los municipios de Tecate, Mexicali y, a partir de 1998, hacia Arizona.

De esta forma, al cabo de un año de iniciado Gatekeeper, en 1995, San Diego, el sector más pequeño, reportó el mayor número de aprehensiones de migrantes, más incluso que todos los sectores integrados en Texas. Años después, en el periodo de 1995-2000, San Diego dejaba de ser el sector más problemático. Durante ese periodo las detenciones se desplomaron, pasando de 524,231 detenciones anuales, a 96,869. Washington y el INS, ante aquellas cifras, concluyeron que el operativo Gatekeeper había sido un éxito absoluto.

Los otros operativos de pronto se vieron desbordados por el éxito de San Diego. El INS inició Safeguard (Salvaguarda) en el área de Nogales, Arizona, en el sector de Tucson, a principios de 1995. Posteriormente se extendió al área de Douglas y Naco, donde se había desviado el flujo que se obstaculizó en Nogales, con su muro, y a fines de 1999 se extendió hacia Yuma, colindante con California. Recuérdese que el área de Douglas y Naco fue donde nació el movimiento de Ranch Rescue (Ranchos al Rescate/Rancheros Vigilantes). Por otro lado, la implementación de la Operation Rio Grande se enfocó en el extremo opuesto a El Paso, en el curso bajo del Valle del Río Grande en el sur de Texas, en los sectores de McAllen y Laredo, entre Brownsville y Laredo, e inició en agosto de 1997.

Año tras año, diferentes áreas de la frontera cercanas a las ciudades vieron cómo se levantaban cercos y vallas de acero, se instalaban torretas con reflectores de gran potencia, se construían caminos de terracería para movilizar las patrullas, se elevó el número de patrulleros principalmente en Arizona y el sur de Texas hasta alcanzar 8,500 agentes a lo largo de la frontera suroeste en el año 2000, y se construyeron nuevas instalaciones para procesar expedientes y estancias de detención. Paradójicamente, el INS batió el récord de arrestos por entradas irregulares a lo largo de la frontera con México en el año fiscal del 2000, cuando se contabilizaron más de 1.6 millones de eventos de detención -y no de personas-.

En pocos años, el resultado fue que las rutas migratorias tradicionales se cancelaron y se abrieron otras en la soledad de desiertos, barrancas y montañas, el territorio que se extiende between ports of entry donde la vigilancia era exigua o inexistente; el territorio entre aduanas o puertos fronterizos emergió como un nuevo espacio estratégico por problemático (INS, 1999; Alonso, 2003; Rosenblum, 2012). Las inmensas franjas fronterizas, donde por casi 150 años la frontera era una línea imaginaria y sin vigilancia.

Los primeros pasos del “vigilantismo” civil y la frontera-muro

El área de San Diego-Tijuana se convirtió en el campo de pruebas improvisado para ensayar medidas a los retos del cruce indocumentado de la frontera por migrantes irregulares. Antes de la operación Gatekeeper, las imágenes muestran un desorden migratorio, un "desmadre fronterizo", que en la actualidad sería considerado un escándalo internacional. De hecho, aquellas escenas fueron percibidas por vecinos sandieguinos como una provocación y una “invasión” tolerada por los ineptos funcionarios y políticos de Washington. San Diego es un condado con importantes bases militares y con una población significativa de veteranos jubilados, sobre todo en aquellos años.

Eso explica que, desde el invierno de 1989-1990, grupos de civiles y veteranos impulsaran la campaña denominada Lights up the Border (Luces altas frente a la frontera), también conocida en medios hispanos como “Ilumina la Frontera”. Detrás estaba Roger Hedgecock, un comunicador radiofónico y ex-alcalde (mayor) republicano de San Diego, que movilizó a grupos de vecinos anti-inmigrantes de San Diego. Al caer el sol, un pequeño colectivo de ciudadanos estadounidenses se estacionaba en la frontera frente a Tijuana, donde la avenida Internacional asciende hacia Playas de Tijuana, un área en la ladera norte de un cerro muy utilizado a finales de la década de 1980 para cruzar irregularmente. Los coches se ponían en paralelo, prendían las luces de mayor alcance e iluminaban el área para disuadir a los migrantes. Cabe señalar que la respuesta de vecinos de Tijuana y de activistas de San Diego fue utilizar espejos para reflejar las luces y volverlas contra los autos (De la Torre-Jiménez, 2005).

El resultado fue que los vigilantes fronterizos civiles realizaron un performance patriótico, una protesta simbólica de ciudadanos y votantes republicanos para quienes los comunistas ya no eran el peligro -la URSS estaba colapsando-: el enemigo que los invadía eran miles de migrantes mexicanos, con lo que se adelantaron una década a Huntington (2000), quien después declaró su tesis mexicanofóbica. La acción tuvo repercusión mediática: en noviembre de 1993 aun había protestas y Washington se vio obligado a actuar. Era la primera expresión de vigilantismo fronterizo mediáticamente exitoso.

La solución que hallaron fue la de construir un muro o barda, una vieja idea que llevaba décadas rumiándose; un sueño reaccionario que hoy en día está extendido: fortificar las fronteras para detener los flujos migratorios. La administración de Bush sénior dio luz verde para comenzar a levantar, en 1991, frente a Tijuana -entre la playa y la garita de San Ysidro-, una barda de acero [steel fence], para contener parte de la presión migratoria. El origen de los actuales muros fronterizos está en aquellas acciones de jubilados veteranos indignados y enfurecidos ante el caos migratorio a pie de frontera. La vigilancia y el “vigilantismo” de civiles en la frontera se entrelazaban. La barrera de automóviles con las luces encendidas se transformó en una barrera física.

Aquel primer muro frente a Tijuana, un auténtico telón de acero, que por paradojas de la historia materializaba la metáfora popularizada por Winston Churchill para describir el aislamiento de la URSS y sus aliados, se levantó desde Playas y en paralelo a la avenida Internacional de Tijuana. Fue construida con planchas metálicas de 2.4 metros de altura puestas en vertical; unas planchas de acero que era material de la Guerra de Vietnam, viejas y oxidadas plataformas para helipuertos portátiles y “caminos”, que se ensamblaban en horizontal sobre el terreno. Este primer muro era relativamente fácil de saltar por adultos, pero estaba pensado para impedir el cruce de automóviles de campo traviesa. Diez años después, en 2003, se construyó una segunda barda paralela de pilotes de concreto (Lerner, 2004).

Tanto el muro con material de la guerra de Vietnam, como las acciones de la Operación Guardián, son dos herramientas diferentes pero complementarias para recuperar el control de la frontera. “El concepto de múltiples obstáculos en paralelo a la línea fronteriza se impuso” (Alonso, 2022, p. 13). Inevitablemente, esto produjo desvíos de las rutas de cruce clandestino y el afloramiento de nuevas áreas conflictivas en Texas, a partir de 1996, y en Arizona, a partir de 1998. Así, del 1 de octubre de 1994 al 30 de septiembre del 2000, se acumularon 8’844,476 eventos de detenciones en la frontera con México. El promedio anual fue de 1.4 millones de detenciones en 6 años; solo en el año fiscal del 2000 se hicieron 1.6 millones, de los cuales 600,000 fueron en Arizona. Y, en el periodo de 1993-2013, en la región fronteriza podrían haber muerto 9,000 migrantes (Eschbach et al., 1999; Alonso, 2013).

Nuevos conceptos e instituciones para un nuevo orden fronterizo

En el periodo de 2000-2006 ocurrió una serie de episodios que tensionaron la vigilancia de la frontera del lado estadounidense. Si en el año 2000 se produjo el mayor número de detenciones en la frontera con México hasta aquel entonces, en el 2001 fue el año de los atentados terroristas contra las torres gemelas en Nueva York, y el Pentágono en Virginia. Y en esos dos años se recrudecieron las acciones de los rancheros organizados de Arizona. En el 2003 se reorganizó toda la seguridad nacional, fronteras incluidas, en torno al Departamento de Seguridad Nacional (DHS); en el 2005 apareció el grupo de vigilantes fronterizos Minuteman/Minutemen; y en el 2006 se declaró una emergencia fronteriza que envió a la Guardia Nacional a la frontera con México.

La política de seguridad nacional ante la amenaza terrorista ubicó la frontera suroeste como flanco vulnerable. Junto al narcotráfico y la migración clandestina tradicional, la ecuación incorporó ahora un nuevo elemento extraño a la región: el terrorismo islamista-yihadista de Al-Qaeda. El narcotráfico en la frontera con México había conocido un gran auge en el periodo de 1986-2000, ya que las rutas de la cocaína colombiana fueron monopolizadas por el narco mexicano y se desviaron por Tijuana, Ciudad Juárez o Nuevo Laredo. Bush Jr., a partir de 2003, impulsó el levantamiento sistemático de obstáculos materiales y “muros” (fences), la Patrulla Fronteriza superó los 20,000 agentes contratados en 2009 -en comparación a los 16,731 patrulleros que eran en el 2019- (Alonso, 2022). Concomitantemente, los Estados Unidos llevaron a cabo una importante transferencia de tecnologías para la identificación y registro de datos personales de migrantes y viajeros (Meyers, 2005, pp. 10-13).

Hay una auditoría y diagnóstico independiente y oficial de los primeros siete años de operación de esta estrategia que fue en general positiva, aunque puso de manifiesto efectos colaterales como el aumento de la muerte de migrantes (United States General Accounting Office [GAO], 2001). En el periodo de 1994-2001 hubo ciertamente impactos, resultados insospechados, respuestas improvisadas o un uso cada vez más sofisticado y preciso de los conceptos, actores y nuevos escenarios en la vigilancia fronteriza, a partir de la experiencia de los distintos operativos y regiones de la frontera. Tanto es así que la ex-comisionada del INS, Doris Meissner, en un trabajo publicado 18 años después, enumeraba objetivos precisos que subyacían a la estrategia y que de hecho se produjeron, como el incremento del costo monetario que deben pagar los migrantes por ser guiados, la presión legal/judicial a los detenidos, el aumento de la presión psicológica a migrantes y organizaciones de coyotes o polleros (smugglers) (Meissner, Kerwin, Chishti y Bergeron, 2013, p. 4). Lo conseguido por este Immigration Enforcement fue descrito por estos autores como una Formidable Machinery; lo que no sabemos es si esa característica de formidable debemos entenderla como algo magnífico, o en su acepción de maquinaria “temible” porque infunde “asombro y miedo”.

En el año fiscal del 2000, se reportaron más de 600,000 detenciones sólo en el Sector de la Patrulla Fronteriza de Tucson, Arizona, para un total de 1’600,000 aprehensiones en toda la frontera con México. El 11 de septiembre de 2001 murieron 3,000 estadounidenses en unos ataques terroristas, perpetrados técnicamente por “inmigrantes”, y eso necesariamente impactó en el INS o la Patrulla Fronteriza; fue inevitable una profunda reestructuración en el organigrama de la seguridad. El sistema de inmigración había fallado estrepitosamente; las fronteras y puertos de entrada de los EE. UU. no podían volver a mostrarse vulnerables.

Las medidas de control de la migración y, especialmente, de potenciales terroristas que posteriormente atentaron en Nueva York, en 1993 y 2001, habían dejado en mal lugar a la inteligencia estadounidense, pero también al INS. Fue el caso de Mahmud Abouhalima, que fue uno de los terroristas que atentó contra el World Trade Center de Nueva York en 1993. Era taxista en NY. Se regularizó con el IRCA en 1986, como trabajador agrícola (farm worker), y aprovechó su nuevo estatus legal para ir a Afganistán a recibir entrenamiento terrorista. Asimismo, Mohamed Atta, el cabecilla de los atentados del 11 de septiembre de 2001, había reingresado a EE. UU. por el Aeropuerto Internacional de Miami en enero de aquel año, a pesar de que en su última estancia había estado más tiempo del permitido por la visa (overstayed visa) (Krikorian, 2004). Estos antecedentes apuntaban necesariamente a que el registro de entradas al país debía ser modernizado y digitalizado.

Por antecedentes como que los terroristas se habían beneficiado de regularizaciones inmigratorias o habían entrado como turistas, a pesar de existir antecedentes de un mal uso de la visa, Bush Jr. anunció, en enero de 2004, dos programas que resultaron ser una vuelta de tuerca y el inicio de una nueva era en los controles de entrada a los EE. UU. y del estatus migratorio, que pasaba a ser objeto de estrecha vigilancia. Uno fue el Sistema de Información para Estudiantes y Visitantes de Intercambio (Student and Exchange Visitor Information System o SEVIS), que monitoreaba a 870,000 estudiantes por todo el país. Otro fue el programa US-VISIT, que capturaba y digitalizaba información del tipo identificadores biométricos para registrar la entrada y salida de extranjeros que viajaban a los EE UU con una visa. No sólo se estaba aumentando el número de vigilantes a lo largo de la frontera, en el territorio salvaje entre puertos de entrada, ahora se realizaba un control más estricto del cumplimiento de las políticas de visa e inmigración en los puertos de entrada (United States Department of State, 2004).

Pero muchas de estas medidas e iniciativas, históricamente, han demostrado ser reacciones improvisadas de cara a un electorado por su impacto mediático, más que por su impacto en la corrección de problemáticas reales. Por ejemplo, durante el segundo mandato presidencial de Clinton, durante todo 1998 el INS puso en marcha la Operation Vanguard al interior de EE. UU.; se focalizó en Nebraska y, en concreto, en las plantas de procesamiento de carne (meatpacking). El resultado fue la detención y deportación de 34 trabajadores indocumentados (Bacon, 2004). Un esfuerzo realmente absurdo, desde un punto de vista policial, ya que se tradujo en 34 deportaciones; una triste y ridícula estadística, pero que la visibilidad mediática compensó con creces.

Un ejemplo similar lo tenemos años después, tras los atentados, con la Operation Tarmac. Especialmente en el 2003, la Operation Tarmac investigó en los aeropuertos nacionales a millares de empresas y empleados, de lo cual presumió el presidente Bush (United States Department of State, 2004). El INS detuvo a cientos de trabajadores en los aeropuertos de todo el país, que despachaban en comercios de comida rápida o servicios, y deportó a decenas de ellos (Bacon, 2004). Otra triste y ridícula estadística compensada con la visibilidad mediática que tuvo y que presumió el mismísimo presidente estadounidense. Esto deja entrever que los inmigrantes irregulares fueron usados como chivos expiatorios de las graves deficiencias en seguridad demostrada por el INS, el cual, por cierto, desapareció en marzo de 2003.

Ante estas circunstancias y factores, necesariamente hubo que describir la nueva realidad, que necesitaba una nueva terminología que sustentara un nuevo relato (narrative), y el nuevo lenguaje no tardó en sustanciarse. Los discursos oficiales en aquellos años hablaban de “coalición internacional”, “la guerra contra el terror”, “redes y regímenes terroristas”, Al-Qaeda, “cacería de asesinos terroristas”. También se hacía hincapié en la colaboración y esfuerzo de México “contra el terrorismo” o el riesgo potencial de que México pudiera servir como plataforma para nuevos atentados. De hecho, se llegó a establecer “un grupo de trabajo contra el terrorismo” entre ambas naciones. Y se reconoció oficialmente que las actividades de los cárteles de la droga, con sus narco dólares, eran una fuente posible para la financiación terrorista (Garza Jr., 2003).

La patrulla fronteriza, los coyotes o polleros y los migrantes fueron conscientes de que el entorno fronterizo había comenzado a cambiar radicalmente desde 1993. No sólo eran los muros o las nuevas dinámicas de la globalización, también la irrupción del riesgo terrorista como un factor extraño a la región, o la reconfiguración de lo que denominan en EE. UU. como Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO, por sus siglas en inglés). No sólo habían sido borrados los tradicionales o históricos ilegal immigration corridors, en un proceso que se aceleró tras el 2001; además, la frontera con México pasó a ser un objetivo prioritario para la seguridad nacional y un campo de batalla simbólico, donde manifestaban su descontento político grupos de civiles disconformes, que en cierta manera ya anuncian el “malestar trumpista” al que Donald Trump supo darle voz en su mandato entre 2017 y 2021.

Los vigilantes extraños de la frontera. Rancheros, Minuteman, Guardia Nacional y los tele-patrullajes

El concepto de vigilantes civiles en la frontera o vigilantismo tuvo un parteaguas significativo en 1999, con la irrupción en el panorama fronterizo del movimiento Ranch Rescue, encabezado e impulsado por un ranchero del sur de Arizona, Roger Barnett. Un activista que se presentaba como un propietario perjudicado por la irrupción en sus tierras de inmigrantes indocumentados que cruzaban la frontera irregularmente. Posteriormente, se supo que en realidad rentaba las tierras al propietario verdadero: el gobierno de los EE. UU. Su discurso agresivo en nombre de la sacrosanta propiedad privada y sus acciones de armas en mano, con incidentes que trascendieron mundialmente, hizo que al cabo de unos años fueran percibidos como una milicia. Para el año de 2002, se habían expandido a Texas e incluso organizaron vigilancia en San Diego, California (González, 2002).

Finalmente, en junio de 2003, Ranch Rescue, que ya era considerado milicia o incluso grupo paramilitar, que llegó a vestir ropas parecidas a la Patrulla Fronteriza, y que enfrentaba demandas de inmigrantes, declaró su disolución. Semanas atrás, Chris Simcox había anunciado la disolución del también señalado como grupo paramilitar Citizen Border Patrol, que operaba en el área de Douglas, Arizona. Se dio la paradoja en que Simcox anunció que apoyaría a organizaciones de signo distinto, solidarias con la migración indocumentada, como Fronteras Humanas (Human Borders) y la patrulla Samaritana, orientadas a auxiliar a migrantes en peligro tras cruzar la frontera (Agencia EFE, 2003).

Pero Chris Simcox volvió a aparecer en escena con el Proyecto Minutemen, en 2005, así como otro viejo conocido de la escena vigilantista de la frontera californiana: Roger Hedgecock, el mismo que impulsó la campaña Lights up the Border (Luces altas frente a la frontera), hacia 1990. Utilizó esta vez las emisoras de radio para impulsar una campaña radiofónica en apoyo del Proyecto Minutemen, en 2005 (De la Torre-Jiménez, 2005). Paradójicamente, cuando surgió este movimiento vigilantista y paramilitar de los Minutemen, que continuaba teniendo rasgos nativistas y xenófobos como el de Lights Up the Border o el de Ranch Rescue, el DHS anunció oficialmente el inicio de la vigilancia aérea de la frontera con México con drones o aviones no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) de gran envergadura -7 metros de longitud-. En la actualidad, los drones se han miniaturizado.

Este programa facilitaba la vigilancia nocturna para detectar a migrantes mexicanos o centroamericanos por los desiertos y montañas de la región. La Patrulla Fronteriza denominaba al dron como Depredador o Cazador, y estaba equipado con tecnología de cámaras y visores nocturnos (infrarrojos), una autonomía de vuelo de hasta 16 horas y la capacidad de volar a 3,000 metros de altura. El supervisor del programa UAV de la Patrulla Fronteriza, sintetizaba y presumía: “El potencial de vigilancia es enorme, sobre todo en áreas donde los agentes no pueden llegar por las condiciones de la región. Ellos pierden tiempo en moverse y el avión envía información en tiempo real. Ya no tenemos por qué desperdiciar tiempo en las búsquedas de quienes cruzan ilegalmente” (Aponte, 2005, p. 2).

Aquel anuncio formaba parte de la propaganda habitual para publicitar los esfuerzos de seguridad fronteriza y contrarrestar la propaganda del vigilantismo como Minutemen. Pero, con el tiempo, resultó ser el detonador de una carrera tecnológica que, más que una vuelta de tuerca, marca una nueva era en la vigilancia. Y es que, nueve meses después, en septiembre de aquel 2005, el vocero de la Patrulla Fronteriza, Mario Villarreal, informaba de la adquisición de un nuevo dron más avanzado, el MQ-9 Predator B, que costaba 10 veces más que el anterior Predator (14 millones de dólares). Se trataba de un aparato de última generación dotado de cámaras infrarrojas, que serían monitoreadas remotamente desde centros de control de la Patrulla Fronteriza.

Los aparatos eran similares a otros adquiridos por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y que habían sido probados en conflictos armados. Otro ejemplo más del trasvase de tecnología del ejército a la vigilancia fronteriza, y otro indicador de la escalada de tecnología militar. Se anunciaba su uso inmediato en Arizona y San Diego, y el comisionado del Customs and Border Protection (CBP), Robert C. Bonner, declaró: “Estamos determinados a asegurar nuestras fronteras y constantemente estamos explorando nuevas tecnologías para reforzar nuestra habilidad para hacer nuestro trabajo” (Sainz, 2005).

La vigilancia de los cruces irregulares de la frontera estaba metida de lleno en la carrera de innovaciones tecnológicas para asegurar una vigilancia lo más estrecha y eficaz posible. Pero, paradójicamente, en mayo del 2005 se reunieron en Las Vegas, Nevada, más de treinta asociaciones anti-inmigrantes en un evento denominado “Cumbre Antiinmigrante”, convocado por Mark Edwards y organizada por la Fundación Wake Up America, para construir una agenda con acciones encaminadas a promover el control militar de la frontera con México, establecer restricciones al proceso de ciudadanía y castigar a empleadores de “ilegales”. Los organizadores y participantes declaraban que no se trataba de un acto racista, sino patriótico. Entre los asistentes estuvieron, por mencionar algunos, James Gilchrist, fundador de Minuteman -el proyecto de vigilancia fronteriza-, y el congresista republicano por Colorado, Tom Tancredo, que se encargó del discurso de clausura. Gilchrist insistió en que la “inmigración ilegal” solo se combatía efectivamente con la deportación. Por fuera del Centro de Convenciones Casham hubo protestas de grupos pro-migrantes (Moreno, 2005; Agencia Reforma, 2005).

Además, en aquel periodo, durante el mandato de Bush Jr., encontramos una serie de medidas y acciones gubernamentales que ilustran el pulso habido entre el DHS y el vigilantismo, lo que captaba atención mediática. Por ejemplo, el DHS y el Departamento de Defensa llevaron a cabo la misión integrada denominada Operation Jumpstart. La Guardia Nacional instaló Equipos de Identificación de Entrada (EIT por sus siglas en inglés) y apoyó en la vigilancia de zonas vulnerables o desatendidas, en lo que supuso “el mayor despliegue de tropas de la Guardia Nacional en una misión de seguridad fronteriza nacional en la historia moderna” (Schroeder, 2014, p. 6). Paralelamente al desarrollo de la Operación Jumpstart, el DHS lanzó la Iniciativa de Frontera Segura (SBI por sus siglas en inglés), cuyo objetivo era lograr “conciencia situacional” en la frontera (situational awareness along the border) a través del uso de nuevas tecnologías.

Estas colaboraciones explican que la Patrulla Fronteriza, asesorada por el Departamento de Defensa, se puso a repensar y reelaborar sus métodos de planificación estratégica y de inteligencia, adoptando un enfoque de seguridad fronteriza basado en el riesgo. De esta manera, se comenzó a utilizar inteligencia geoespacial (GEOINT) en áreas generalmente identificadas como de bajo riesgo y actividad y, por lo tanto, con una menor densidad de Patrulla Fronteriza sobre el terreno. La GEOINT se nutre de información obtenida por plataformas aéreas de gran altitud, equipadas con tecnología de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR por sus siglas en inglés) del Sistema de aeronaves no tripuladas (UAS) de la Oficina del Aire y la Marina (OAM) del CBP. Sus actividades iniciaron en el 2005.

Otro hito significativo en este flujo de eventos que estamos privilegiando en nuestro análisis, lo encontramos durante el segundo mandato presidencial de Barack Obama, cuando se promulgó una ley que especificaba cómo debía “blindarse” la frontera. La Border Security (United States Congress, 2013) sentó las bases de la actual configuración fronteriza con México. Se hablaba de 700 miles of fencing and technology, con lo que se fortalecía la construcción conjunta de un muro material y otro virtual-tecnológico. Se obligó a asegurar la realización de 130,000 horas anuales de vigilancia aérea y naval de las fronteras terrestres y marítimas, así como el uso de drones no artillados (unarmed) para vigilancia de 24 horas diarias de la Southwest border region limítrofe con México (Alonso, 2022).

El resultado de aquella ley hizo posible The southwest border wall system, un modelo híbrido (en el sentido latino de estéril y de insulto) que combina obstáculos materiales (physical barriers and fences), con recursos electrónicos y telemático-virtuales, como equipamiento de computación y software (tecnología electrónica-digital), que sustentan el concepto de surveillance technologies. De esta forma, si hacia 1992 se erigía un muro metálico frente a Tijuana, o en 1993 se desarrolló la Operación Blockade, en septiembre de 2019 el muro en la frontera con México cubría 654 millas sobre un total de 1,954; repartidas en 374 millas de una valla-muro principal (pedestrian primary barrier) y 280 millas de obstáculos pensados para impedir el paso de autos (vehicle barrier). Con ello, se hacía más fuerte y evidente la híper-vigilancia del Estado norteamericano, mientras que el vigilantismo se vio obligado a metamorfosearse.

Co-vigilancia y doble vigilancia: la tendencia actual en la frontera

Durante el mandato de Donald Trump, no sólo se siguió con ese modelo híbrido de vigilancia que adicionó nuevas tecnologías y construyó muros inexpugnables; el discurso presidencial en contra de los migrantes, que volvió a la frontera un campo de batalla simbólico, también se vio nutrido por fake news, tweets incendiarios y datos estadísticos que contribuyeron a acrecentar la criminalización hacia las y los migrantes. El Texas Department of Public Safety (Texas DPS por sus siglas en inglés), por ejemplo, reportó de 2011 a 2021, que a las cárceles texanas ingresaron 340 mil extranjeros criminales y prácticamente 70% eran inmigrantes ilegales (illegal aliens), que fueron acusados de más de 377 mil delitos estatales (Texas Department of Public Safety, 2021).

Estas cifras oficiales ampliamente difundidas, sumadas al discurso de Trump, contribuyeron a la emergencia de más acciones de vigilantismo ciudadano, como el surgimiento de la United Constitutional Patriots (UCP por sus siglas en inglés), una organización que revitalizó el movimiento de los rancheros vigilantes, al responder al llamado de Trump para vigilar la frontera con México, bajo el supuesto de la amenaza a la seguridad nacional que representa el cruce de migrantes (Redacción EC, 2019).

Desde el surgimiento de la UCP en Flora Vista, Nuevo México, en octubre de 2017, la organización se dedicó a cazar migrantes utilizando equipamiento táctico, instalando un campamento en El Paso, Texas, y realizando acciones que, se presume, fueron en colaboración con la U.S. Border Patrol. Un año después de su surgimiento, la UCP unió fuerzas con Patriots of the Constitution (POC por sus siglas en inglés) y Mountain Minutemen, una alianza que hizo de ese movimiento miliciano una organización más fuerte y decidida. Este movimiento hizo gala de su poder de convocatoria a finales de 2018, cuando cientos de estadounidenses, fuertemente armados y de lugares tan lejanos como Oregón o Indiana, se personaron en la frontera suroeste, decididos a confrontarse con la caravana de miles de migrantes centroamericanos que finalmente arribaron a Tijuana. Sin embargo, la alianza entre estas agrupaciones antiinmigrantes decayó en abril de 2019, cuando el FBI detuvo a Larry Mitchell Hopkins, líder de UCP, por posesión de arma de fuego de una persona previamente condenada (SPLC, s.f.).

La detención de Hopkins no marcó un cambio de fondo en el vigilantismo fronterizo; en 2019, Trump continuó considerando a los milicianos como “héroes”, “civiles comprometidos”, “respetuosos de la ley y el orden” y “amables colaboradores de la Patrulla Fronteriza”. Por aquellas fechas, se estimaba que los milicianos vigilantes rondaban los 60 mil voluntarios -muchos de ellos ex soldados estadounidenses, veteranos de Irak, Siria y Afganistán- que seguían dispuestos a colaborar con la U. S. Border Patrol para detener -en realidad, cazar- migrantes, cuando así lo requirieran los líderes de las más de 150 organizaciones supremacistas que hay en la Unión Americana (Cazadores de migrantes, 12 de mayo de 2019).

Pero la lógica dialéctica nos dice que, cuando hay vigilantes, es porque hay vigilados, actores sociales con capacidad de agencia y con proyectos propios. Los vigilados, a lo largo de las últimas tres décadas (1991-2021), como reacción adaptativa al nuevo paisaje de control fronterizo, también se convirtieron en vigías altamente tecnologizados. Los drones o UAV que en 2005 comenzaban su andadura en la frontera con México, con una sofisticación tecnológica propia de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, en 2017, modelos menos sofisticados pero igual de eficaces para ciertas tareas de vigilancia, ya eran de uso cotidiano de los traficantes de drogas y de inmigrantes indocumentados, por su facilidad de adquisición y adaptación. De acuerdo con los datos de CBP, en el año fiscal de 2017 se registraron 19 informes de pequeños aviones no tripulados o avistamientos de aeronaves no tripuladas en el Centro de Operaciones Aéreas y Marinas a lo largo de la frontera Estados Unidos-México; un año después, la cifra se había duplicado, sin la certeza de que los drones avistados hubieran sido los únicos circulando en el espacio aéreo y con la sospecha de que su uso podría incluir un generalizado tráfico de drogas (Forbes Staff, 2018).

En 2019, la Border Patrol dejó de considerar a los drones como un mero auxiliar mecánico para la vigilancia que realizan los traficantes de migrantes y los equiparó a un vigilante. El cambio conceptual y de percepción convirtió al dron en un “halcón”, un tipo de vigilancia especializada del crimen organizado, a partir de la constatación de la elaborada estrategia de vigilancia que siguió un dron en El Paso, Texas, para asegurar que un grupo de migrantes cruzaran la frontera sin riesgo de ser detenidos (Morales, 2019).

El uso de estas tecnologías y la constante labor de contravigilancia que realizan los traficantes de migrantes y narcotraficantes han contribuido a que, frecuentemente, las autoridades estadounidenses insten a la ciudadanía fronteriza a reportar cualquier irregularidad que detecten en sus barrios y lugares de tránsito cotidianos. En su contra, tienen la popularización y uso generalizado de drones, que los ha convertido en determinadas zonas en un artefacto más de la vida cotidiana. La vigilancia de CBP y la colaboración de la ciudadanía para detectar a los illegal aliens no se limitan al cruce en la línea fronteriza con México; se ha documentado, con cierta frecuencia, que el éxito en la detección de las casas de seguridad o Stash Houses, los históricos “clavos”, se debe a los reportes que hace la ciudadanía. De hecho, la invitación a la denuncia por medio de líneas habilitadas especialmente para ello es de uso extendido en distintas corporaciones del DHS.

Esta estrategia de búsqueda localizada de “migrantes ilegales” se enmarca en la U.S. Southern Border and Approaches Campaign del DHS, que se dio a conocer en abril de 2014 a través de un Plan para aprovechar y coordinar, de manera más eficaz, los activos y el personal de CBP, Immigration and Customs Enforcement (ICE), United States Coast Guard (USCG) y cualquier otra agencia que pudiera colaborar a lograr sus metas; una de esas metas era hacer cumplir las leyes de inmigración estadounidenses e interceptar a las personas que buscaran cruzar ilegalmente las fronteras. Para lograrlo, la U.S. Southern Border and Approaches Campaign desarrolló una estrategia que sigue en operación y que incluye, como uno de sus diez objetivos, prohibir el ingreso ilegal de personas (United States Department of Homeland Security, 2014).

La U.S. Southern Border and Approaches Campaign arrancó decididamente en el Valle de Texas. Hacia finales de abril de 2014, se habían rescatado más de mil migrantes albergados en varias casas de seguridad detectadas en McAllen, San Benito, San Carlos, Pharr, Edinburg, Escobares, Palm View y Alton; fue tanto el impacto de la Campaña que, durante la Semana Santa (Easter Week) de 2014, los medios de comunicación xenofóbicos texanos se dieron gusto expresando, a manera de chiste local, que los mexicanos en Texas podían encontrarse en los shopping malls o las stash houses (Oliveras, 2014).

La crisis sanitaria mundial provocada por el SARS-CoV-2 no disminuyó ni el arresto de migrantes ni la detección de stash houses. Sólo durante los meses en que el confinamiento se hizo más estricto se detectó un ligero estancamiento en el cruce de migrantes por la frontera suroeste de Estados Unidos, pero las cifras reportadas por el gobierno de Estados Unidos indican que el número de migrantes arrestados a lo largo de la frontera aumentó más del doble entre abril y julio de 2020. Esas cifras fueron motivo suficiente para incrementar la criminalización de la migración bajo el argumento de que ésta, en medio de la pandemia, ponía en riesgo la vida de los estadounidenses (Semple, 2020). En ese año y contexto, también se dieron a conocer detenciones de migrantes en sendas casas de seguridad ubicadas en El Chaparral, Nuevo México, Ocotillo, California y Phoenix, Arizona.

Con Joe Biden tampoco ha habido grandes cambios en las metas ni objetivos de la estrategia de la U.S. Southern Border and Approaches Campaign; más bien, parece que se ha incrementado la búsqueda del apoyo ciudadano para hacer denuncias que permitan detectar a los “inmigrantes ilegales”. Como ejemplo, basta señalar que en marzo de 2021 un concerned citizen report llevó a la localización de una stash house que albergaba a trece illegal aliens en Laredo, Texas y, a decir del agente de la Border Patrol involucrado en esa detención, “The concerned citizen's action made their community safer and removed criminal activity in their neighborhood” (Rodríguez, 2021).

En mayo de 2021, los agentes del Sector de Rio Grande Valley (RGV) de la Border Patrol irrumpieron en varias casas de seguridad para aprehender a más de 160 migrantes. En el comunicado de CBP sobre esas detenciones, se refrendó el compromiso de salvaguardar a la nación y a la comunidad contra los elementos criminales, se exhortó a la ciudadanía a tomar una posición contra el crimen en sus comunidades y se difundió un número telefónico específico para hacer el reporte de actividades sospechosas (Kise, 2021).

Esta estrategia, que ha continuado con el mandato de Biden y que no deja de ser una manifestación más del vigilantismo y de una política de seguridad que privilegia la híper-vigilancia fronteriza, se ha complementado con dos discursos divergentes y una acción concreta: la promesa del primer día, el Don´t come de dos meses después y la Operación Centinela (Operation Sentinel). El primer día de su gobierno, Joe Biden envió al Congreso la “Ley de Ciudadanía de los EE.UU. de 2021”, para dar cumplimiento a su promesa de campaña de regular la situación de más de once millones de inmigrantes indocumentados; de aprobarse su propuesta, Biden implementaría la mayor reforma migratoria que se ha visto desde tiempos de Ronald Reagan (EFE, 2021). Dos meses después, ante la incapacidad de México para mantener resguardados a los migrantes en el lado mexicano de la frontera, en una entrevista con ABC News, Biden hizo un llamado a los inmigrantes para que no abandonaran sus comunidades de origen para probar suerte en los Estados Unidos, argumentando que estaban en medio de una reforma migratoria.

Al cumplirse los primeros cien días del gobierno de Biden, se anunció la Operation Sentinel. El nombre de esta operación recuerda la Operation Freedom's Sentinel implementada en Afganistán, en enero de 2015, y que se caracterizó por tener como componentes básicos el contraterrorismo y el apoyo de los aliados locales. La Operación Centinela de Biden es una amplia red de colaboración entre el DHS, CBP, ICE, Federal Bureau of Investigation (FBI), Drug Enforcement Administration (DEA), Transnational Criminal Organization (TCO) y el Department of Justice orientada a cortar suministros, recursos y capacidades de las organizaciones criminales transnacionales que contrabandean migrantes, principalmente por las áreas rurales del sur de Texas (Sánchez, 2021).

Todavía se desconocen las particularidades de la Operación Centinela y la manera en que la ciudadanía será partícipe, pero es claro que, en los primeros cien días de gobierno de Biden, se han dado las directrices para echar a andar una compleja red para desmantelar el tráfico de inmigrantes, que se complementa con otras acciones de vigilancia y vigilantismo civil.

Recapitulación y conclusiones

Los últimos 30 años en la región fronteriza Estados Unidos-México, los que van de 1991 a 2021, han conocido continuos cambios y recambios en políticas y medidas de control del lado estadounidense, que han cristalizado en diferentes operativos bien identificados a lo largo del tiempo. Éstos buscaron obstaculizar el cruce ilegal de migrantes y el tráfico de drogas que, durante este periodo, se entrelazaron y convirtieron en objetivo prioritario del combate gubernamental. Sin embargo, el híper-control enfocado a esas prioridades también ha contribuido a que, por un lado, el Estado se convierta en un híper-vigilante y, por otro lado, se incremente el vigilantismo civil o de intereses particulares, con una buena dosis de militarización y de uso de la tecnología en la franja fronteriza. De hecho, el vigilantismo, en algunos periodos, ha sido fundamental para la militarización fronteriza.

Efectivamente, el actual modelo The southwest border wall system en la frontera suroeste de los Estados Unidos, tuvo en la presión de la opinión pública conservadora estadounidense y entre los promotores del “vigilantismo” un factor con peso significativo que influyó en el debate, al extremo de intoxicar ideológicamente la política migratoria y el control fronterizo concebidos desde Washington. El vigilantismo, además, operó en algunos periodos como un estímulo para visibilizar y publicitar cierta “militarización” de la frontera México-EE. UU.

El análisis que proponemos de los principales hitos, componentes o acontecimientos donde se entrelaza la vigilancia oficial y el vigilantismo de civiles, encuentra que la presión de la sociedad civil estadounidense para fortalecer o mejorar la vigilancia en la frontera es un factor que ha influido durante años en las decisiones y acciones que toma el gobierno estadounidense y que contribuyen, de diversas maneras, a la vulneración de los migrantes e, incluso, en algunos periodos, a la criminalización de la migración. Sin duda, un tema sensible que influye en las campañas políticas y en el ánimo de los electores.

Uno de los efectos colaterales de esos continuos cambios y recambios en las políticas y medidas de control del lado estadounidense ha sido el vigilantismo desarrollado del lado de México, por grupos del crimen organizado que buscan adaptarse para continuar con el tráfico de drogas y personas, en las condiciones de vigilancia y control que se han impuesto. Sin negar que el crimen organizado fronterizo, tanto en su expresión de narcotráfico como de cruce de migrantes, siempre ha tenido sus propios vigilantes (halcones, antenas, wachadores [To watch]) como parte fundamental del sistema de información de la organización.

De este modo, el escenario fronterizo se ha estado mostrando como uno de los campos de batalla ideológico y propagandístico, pero también de acciones y reacciones de ambos lados de la frontera, donde se reflejan asimetrías y desigualdades que siempre han situado a las y los migrantes como los sujetos vulnerables; quienes sufren la presión de la Border Patrol o de rancheros y otras milicias de vigilantes fronterizos, así como del crimen organizado del lado mexicano. Y, en ese sentido, defendemos que el campo de estudio del vigilantismo aún contiene vetas por explotar, sin las cuales la historia de este periodo de la migración indocumentada no puede entenderse cabalmente.

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