Introducción

El término “baldío”², propio del siglo XIX, surgió con doliente insistencia durante el trabajo de campo realizado entre 2016 y 2018³ en el estudio de caso aquí presentado. Su permanencia en el imaginario de los nacionaleros⁴ de la subregión Cuxtepeques, muestra la importancia de ir a la historia para comprender las estructuras, procesos y relaciones sobre las que se configura el presente.

Si bien la preocupación por la conservación de la naturaleza se expresa con fuerza a fines del siglo XX, el problema que aquí se analiza surge del encuentro asincrónico de la política de conservación con las políticas y leyes que posibilitaron la apropiación y colonización de terrenos despoblados durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX en el periodo de la Reforma, del Porfiriato, y durante el agrarismo posrevolucionario del siglo XX en México.

En tal contexto, el término de “baldío” evidencia en las narrativas del agrarismo y de la conservación lógicas de una época previa, en este caso la del Porfiriato. Tres periodos: el Porfiriato, el agrarismo y la conservación, en apariencia lejanos convergen en la actualidad a través de elementos que permanecen como rugosidades espacio temporales (Santos, 1996) emergentes en momentos coyunturales (Braudel, 1987).

En esta particular intersección conservación-agrarismo resalta la generación de anomalías, es decir: desfases entre lo jurídico y la praxis (Torres-Mazuera, 2016), en el encuentro de momentos coyunturales con procesos activos de larga duración o estructurales (Braudel, 1987), mismos que nos invitan a cuestionar los efectos de la conservación como política internacional capaz de generar bienes públicos para la humanidad, superpuestos a los derechos de acceso a la propiedad de la tierra en México. Se analiza el caso de dieciocho nacionaleros, miembros de un grupo de silvicultores, dentro de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de El Triunfo y La Frailescana, en la Sierra Madre de Chiapas. Este artículo tiene como objetivo dar cuenta de la producción social de un “territorio confiscado”, con base en la idea de confiscación de Blanchon et al. (2009, p. 50), para la conservación, a través de la que se realiza la demarcación geográfica y jurídica de un espacio previamente apropiado que excluye a las poblaciones locales de su derecho a la distribución de los bienes de la nación de la que forman parte (Blanchon et al., 2009, p. 50).

Desde un enfoque espacio-temporal (Lefebvre, 1991; Santos, 1996) abordamos periodos de duración media (estructural) y coyuntural (Braudel, 1987), en los que se inscriben la colonización de esta región en la época porfirista, su reconfiguración territorial en la coyuntura agrarista y finalmente la del periodo reciente de la política ambiental. Se pone énfasis en las diferentes producciones espaciales de la Sierra Madre de Chiapas (en adelante SMCh) en los periodos abordados y se destaca el papel de los nacionaleros en cada uno de ellos. Concluimos que la conservación, expresada como política gubernamental en este caso, representa un mecanismo de confiscación territorial que acentúa procesos históricos de exclusión en la región y que pone en riesgo tanto a los solicitantes de terrenos nacionales⁵, como a los objetivos de conservación en las ANP.

Consideraciones teórico-metodológicas

Esta reflexión aborda como estudio de caso a 18 posesionarios de terrenos nacionales, pertenecientes a un grupo de 34 nacionaleros, todos miembros de la Asociación Regional de Silvicultores (ARS) Valle y Montañas de los Cuxtepeques, asociación civil localizada en la región IV Frailesca en el Estado de Chiapas. Para integrar la muestra se consideró como criterio único que fueran posesionarios con terrenos dentro de las ANP La Frailescana y El Triunfo. De un total de 34 nacionaleros activos en la ARS en 2016, 18 de ellos cumplen tal condición, por lo que se realizaron con ellos historias de vida, entrevistas semiestructuradas in situ y observación participante en los ranchos considerados, así como en reuniones de la ARS.

Debido a la problemática analizada, también se realizaron entrevistas semiestructuradas a funcionarios de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas- Delegación Región Frontera Sur-Istmo y Pacífico Sur (CONANP), a finqueros de la subregión Cuxtepeques, a organizaciones de caficultores presentes en la zona de influencia y a las que pertenecen o pertenecieron los nacionaleros de la muestra.

Se presenta un análisis espacio-temporal, del que la noción de territorio es el encuadre general por su capacidad para articular elementos tangibles e intangibles que constituyen el medio con el que se coproducen las sociedades. La temporalidad se analiza a través del tiempo estructural (la lentitud) y del tiempo coyuntural (la rapidez) de Braudel (1987 [1949]).

Al apropiarse, concreta o abstractamente (mediante la representación, por ejemplo) de un espacio, actores o sujetos “territorializan el espacio” (Raffestin, 1980, p.112). Desde esa idea, el territorio implica un proyecto de apropiación espacial donde distintos intereses convergen. Así, el territorio es una arena política (Raffestin, 1980) en la que se requiere que los sujetos y actores creen progresivamente las condiciones de la invención política, que permita, incluso a los más débiles, negociar su devenir (Badie, 1994).

La emergencia de un territorio está ligada a la aparición de una institución colectiva distinta al Estado-nación y que sea una reguladora simbólica de una porción del espacio de la cual se sientan responsables. Lo anterior implica la movilización de la identidad, que “se forja en permanencia y en el presente, en un encuadre geográfico en perpetua transformación” (Di Méo, 2004, p. 202). La identidad como una lente y un código o lenguaje para ser/estar en la práctica social, se expresa a través de un discurso particular, que luego se concretará en acciones.

Si partimos de lo anteriormente expuesto, territorio, como concepto de carácter analítico diferenciado del de espacio, se entiende aquí como una porción de espacio apropiada a través de la práctica social consciente y continua de sujetos o actores con identidad política, expresada en un proyecto o concepción espacial que se materializa a través de la toma de acuerdos negociados en diálogo con las internalidades y las externalidades que lo cruzan y trastocan como espacio social.

En ese tenor, retomamos la apropiación territorial como noción para comprender “el proceso en el que una sociedad, o grupo social establece la ocupación y control de una porción del espacio para hacerlo suyo, con el fin de usufructuar y aprovechar sus recursos, definiendo modalidades de acceso a los mismos y organizando las actividades económicas que le permitan satisfacer sus necesidades” (Márquez, 2002, p. 34). Agregando que la apropiación va más allá de intereses productivos y económicos, es decir, que tiene también el fin de satisfacer necesidades reproductivas a nivel cultural.

Márquez (2002) divide la apropiación en cinco niveles, que pueden ser considerados también mecanismos del proceso de apropiación, y que agrupa en tres dimensiones: la subjetiva o el sistema de representaciones (valores proyectados sobre la naturaleza circundante); la abstracta que resulta de las normas que regulan las modalidades de acceso y de control del acceso; y la concreta, que son los usos posibles de los recursos.

Para explicar el proyecto de apropiación de las ANP ante las formas de ser y estar de los nacionaleros del estudio de caso, se recurre a las nociones de representación del espacio y espacio representado o vivido (Lefebvre, 1991). La primera se corresponde a concepciones abstractas de un espacio determinado, la segunda a la materialización en el cotidiano como práctica social de una forma de entender y relacionarse con el entorno que termina en la producción de un espacio dado.

Se pone énfasis en dos identidades significativas para aproximarse a las matrices culturales de los nacionaleros. La primera de esas identidades se aborda como un “segmento sociocultural singular” de carácter identitario que tiene el rancho como unidad de reproducción social (Barragán et al., 1994), y la segunda refiere a la noción de “sujetos ambientales” de Agrawal (2005). Por último, retomamos el concepto de “actor social” de Touraine para hablar de quienes coproducen territorio. Touraine diferencia entre individuo, actor y sujeto para identificar niveles de acción e incidencia en la producción del espacio.

De acuerdo con Touraine el actor social es:

…un sujeto colectivo o individual estructurado a partir de una conciencia de identidad propia, portador de valores, poseedor de un cierto número de recursos que le permiten actuar en el seno de una sociedad con vistas a defender los intereses de los miembros que la componen y/o de los individuos que representa, para dar respuesta a las necesidades identificadas como prioritarias (Touraine, 1987, p. 66).

La expansión finquera: extranjeros haciendo territorio

Luego de los deslindes en el norte del país durante el Porfiriato, Chiapas llamó la atención de compañías deslindadoras por su posición fronteriza y de tránsito hacia Centroamérica, la riqueza de sus suelos y de sus bosques (Fenner, 2015, p. 224). La firma del convenio del 27 de septiembre de 1882 y de la fijación final de los límites entre México y Guatemala, eliminó los inconvenientes a la inseguridad de los títulos de propiedad de los terrenos del Soconusco (Fenner, 2015, p. 224).

Los actos de deslinde efectivos para Chiapas iniciaron en el Soconusco, región a donde los alemanes inmigraron desde las últimas dos décadas del siglo XIX para establecer fincas de café. Este producto encontró condiciones idóneas en América, su precio había subido a fines del siglo XIX y la disponibilidad de terrenos para su producción en Guatemala se había agotado (Von Mentz et al., 1988, pp. 70-71), situación que motivó la expansión hacia el Soconusco.

El Soconusco es la sección sudoriental del territorio chiapaneco hasta la frontera con Guatemala, desde donde finqueros cafetaleros alemanes se expandieron hacia las zonas de media y gran altura de los actuales municipios de Ángel Albino Corzo y de La Concordia. Las fincas cafetaleras serían las primeras en penetrar la espesura de la vertiente del Grijalva, donde yace una imponente formación geológica natural que constituía una mancha en blanco en los mapas hasta 1926 (Waibel, 1998, pp. 134-136), año en que se reprodujo como “Sierra Madre de Chiapas” en el mapa elaborado por el alemán Leo Waibel (Figura 1).

A treinta años de haberse instalado en la zona, las fincas ya tenían una población importante de trabajadores sin tierras que constituiría la segunda oleada de colonización de ese espacio, pero bajo condiciones diametralmente opuestas a las de los finqueros.

Los finqueros alemanes provenían de la región del Tumbador y de la Costa Cuca Guatemalteca; de esta última Waibel (1998 [1946]) y Helbig (1964) apuntan que las cosechas habían empezado a disminuir a finales del siglo XIX. Por su parte, descendientes de finqueros con sembradíos de café en la vertiente del Grijalva de la SMCh, afirman que la colonización en el Soconusco fue con intereses de expansión dado que las fincas de Guatemala seguían siendo altamente productivas (aún en 2018). Y que, del área del Soconusco hacia la vertiente del Grijalva de la SMCh, los finqueros salieron buscando más tierras propias para el café con mejores condiciones climáticas,

[…] en el Soconusco las fincas eran aporreadas mucho por el viento, entonces salieron buscando en la vertiente del Golfo tierras aptas para el café, que esta cordillera los protegiera del viento. Así fue como se fincó esta finca, así surgen Liquidambar, Prusia, y Custepeques, eran como el comité de los que llegaron a esta zona (Administrador y relevo generacional de finca Custepeques⁶, comunicación personal, 22 de junio de 2017).

Alrededor de 1913, la expedición de Juan Pohlenz, aventurero capitalista⁷, Eric Edelmann y Guillermo Kahle, socios industriales de Juan Luttmann de la casa comercial alemana de Johannes Luttmann (Von Mentz et al., 1988, p. 74), fue el parteaguas en la historia moderna de la vertiente del Grijalva en la SMCh.

Los finqueros alemanes prosperaban al amparo de las casas comerciales alemanas que operaban en la región (Von Mentz et al., 1988), y a la par transformaban los espacios bajo su influencia,

Ellos traían a la nana, al ballet, a lo que fuera de Alemania. Vestían de etiqueta, que necesitaban camiones, desarmaban el camión, lo traían a la finca y aquí usaban el camión, que necesitamos una hidroeléctrica, vayan a Alemania traigan una hidroeléctrica (Administrador finca Custepeques, comunicación personal, 22 de junio de 2017).

Sin embargo, la extracción de plusvalor no estuvo sólo asentada en las facilidades crediticias y en el valor de la tierra o del propio cultivo. El establecimiento de grandes extensiones de cafetal generó una gran demanda de mano de obra que era cubierta por indígenas de las tierras altas fronterizas, pero más tarde fue necesario acudir al departamento de Mariscal en Guatemala y a Los Altos de Chiapas (Von Mentz et al., 1988).

En todos los casos y aún años después del Porfiriato, el sistema impuesto fue el de “mozos por endeudamiento”⁸, estructura que dio lugar a peones acasillados o permanentes (Benjamin, 1989, p. 52) que ya no volverían a sus lugares de origen al ser incapaces de pagar sus deudas con los salarios recibidos. Por ejemplo, “los salarios en Soconusco eran los más altos de Chiapas a lo largo del Porfiriato, [pero] no bastaban para dar de comer y vestir a una familia campesina” (Von Mentz et al., 1988, p. 83).

Al mismo tiempo, la política agraria en el estado facilitó el engrosamiento del peonazgo en 1892, cuando el gobernador Emilio Rabasa promulgó la ley que dividió a las tierras comunales para su venta a particulares. Así, entre 1893 y 1909 los pueblos que no pudieron reunir el dinero para comprar su tierra se vieron obligados a ingresar al sistema de mozos por endeudamiento⁹.

La rápida expansión territorial y económica de los finqueros extranjeros trajo consigo cambios también en el mapa social. Los hacendados y finqueros antiguos de las regiones del Soconusco y de La Frailesca pronto se vieron desplazados por los recién llegados, quienes contaban con mejores condiciones crediticias, así como para la importación de maquinaria y vehículos (Von Mentz et al., 1988, p. 77).

Al final del periodo porfirista, los Valles Centrales miraban económicamente hacia el sur,

… surge así el sistema de explotación agrícola de plantación, pueblos, mejores vías de comunicación y, al pie de la sierra, en el año de 1908, sobre todo a causa del cultivo del café, un ferrocarril, que entronca con el ferrocarril transversal del istmo de Tehuantepec, prolongándose hasta Guatemala. […] y Tapachula es ahora la ciudad más importante del Estado de Chiapas desde el punto de vista económico (Waibel 1998 [1946], p.144).

Las fincas de la vertiente del Grijalva se establecieron como enclaves y sujetos principales de la territorialización de ese espacio. Sus edificaciones resguardadas por la espesa vegetación se constituyeron en territorios exclusivos, donde se vivía el estilo burgués europeo por contar con servicios¹⁰ que otros asentamientos humanos de la región, que se encontraban bajo la tutela del Estado mexicano, no tuvieron hasta muchos años más tarde. Los caminos abiertos por las fincas produjeron a la Sierra como un espacio de extracción y por el poderío económico de los finqueros, como un territorio de exclusión. Los finqueros administraron la tierra y la naturaleza de ese espacio como recursos, la vida de los peones a su cargo más allá del Porfiriato, y desplazaron a los antiguos hacendados de la Frailesca y de los Valles Centrales, quienes de acuerdo con Benjamin (1989, p. 22) “…lograron adaptarse a las cambiantes circunstancias en la región y en la nación,” al ocupar otro espacio de poder: el político.

De peones acasillados a “rancheros-campesinos”: el surgimiento de los nacionaleros

a. Revolución Mexicana a la Chiapaneca

… la Revolución en Chiapas no fue sino un capítulo
en el proceso histórico más amplio de modernización
y reforma dirigidas por la élite (Benjamin, 1989, p. 24).

Al igual que en otras partes del país, Chiapas fue un espacio en el que los grupos de fuerza nacionales latentes durante la Revolución Mexicana se vieron replicados, pero con fuertes expresiones regionalistas surgidas en el aislamiento geográfico del estado que dificultaba su control por el poder central (Reyes Ramos, 1992; Gómez Martínez, 2016).

El primer levantamiento “revolucionario” en Chiapas sucedió en marzo de 1911 con el triunfo de Madero. Un grupo de empresarios sancristobalenses, opositores a la iniciativa de abolir el sistema de mozos por endeudamiento, buscó enfrentar al Gobierno del Estado en Tuxtla Gutiérrez¹¹. Más tarde, aprovecharon la coyuntura de la revolución en 1914, pero no fue una lucha entre campesinos y terratenientes sino entre élites regionales (Benjamin, 1989; Reyes Ramos, 1992).

Las fuerzas carrancistas llegaron meses después del segundo intento de ataque al gobierno central en Tuxtla para poner al general Jesús Agustín Castro quien, con acuerdo a las disposiciones legales de Carranza, promulgó la Ley de liberación de mozos o Ley de obreros el 30 de octubre de 1914. El decreto generó una guerra de casi seis años entre el ejército Constitucionalista y el gobernador Castro, por una parte, y un ejército formado por hacendados y finqueros por la otra, este último conocido como los mapaches (Reyes Ramos 1992; Gómez Martínez, 2016).

A nivel nacional Carranza sentó las bases para el ciclo del agrarismo, el seis de enero de 1916 emitió el Artículo 3° que declara nulas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, y que pasaron a manos de privados a través de compañías deslindadoras amparadas en la ley de baldíos del 25 de junio de 1856. Acto seguido, en abril del mismo año los zapatistas irrumpieron en los alrededores de Tuxtla Gutiérrez con una brigada a cargo del General Rafael Cal y Mayor (Gómez Martínez, 2016) sin lograr respuesta campesina y en 1922 depusieron armas (Benjamin, 1989; Reyes Ramos, 1992).

El lento avance de los ideales agraristas en Chiapas, y el fuerte dominio de finqueros y hacendados, mantuvo a resguardo a los finqueros con propiedades en la vertiente del Grijalva de la SMCh por casi treinta años después del levantamiento armado a nivel nacional. Al parecer, los logros del Partido Socialista Chiapaneco¹² (PSCh) en 1922 en el Soconusco fueron la primera preocupación en ese grupo de terratenientes. Pero no fue sino hasta los años cuarenta, después del periodo de Lázaro Cárdenas (1934 a 1940), en el que se aplicaría realmente la constitución de 1917, debido a las medidas tomadas para evitar dentro de sus dominios la irrupción del agrarismo y su figura principal: el ejido.

El reparto de la tierra en Chiapas transcurrió también con lentitud, debido a la continua presencia de gobernadores favorables a los grandes finqueros, así como del grupo de choque de los mapaches. Y lejos de lo que se podría haber esperado, la primera ley agraria que se publicó en Chiapas en 1921 restauraba los privilegios de los terratenientes (Gómez Martínez, 2016).

El fin de la Revolución Mexicana en Chiapas quedó marcado con la muerte de Carlos Vidal del PSCh. Al parecer, ese periodo sólo fue una coyuntura útil para librar luchas de otra índole entre los grupos de poder existentes. Los peones permanecieron como un grupo social subalterno que no demandó justicia distributiva.

b. De peones acasillados a “rancheros-campesinos”: el reparto dirigido y el nacimiento de los nacionaleros

b.1. Ni ejidatarios, ni propietarios: nacionaleros

En el caso de los peones y baldíos de las fincas de la vertiente del Grijalva de la SMCh, estos últimos eran campesinos que tenían la obligación de proporcionar una renta en trabajo o en especie al dueño de las tierras que ocupaban (Villafuerte et al. 1999, p. 71), mismos que terminarían apropiándose de los terrenos baldíos¹³ localizados en las partes más altas de la sierra como un efecto de la consolidación de la política agrarista en el Estado, más que como un acto revolucionario per se.

Entre 1920 y 1970 los finqueros y rancheros repartieron entre sus trabajadores las áreas de montaña más alejadas e inaccesibles, que eran presuntos terrenos nacionales¹⁴. En la subregión Cuxtepeques y la Frailesca los finqueros repartieron la tierra para crear un cinturón de seguridad frente a los nuevos ejidos¹⁵ y para solventar las disposiciones de la constitución de 1917 sobre las demasías y extensión de las propiedades¹⁶.

Las fincas patrocinaron la colonización de los terrenos baldíos aledaños a sus propiedades en distintos niveles. Los peones de confianza formaron el cerco de seguridad alrededor de las fincas y el título de propiedad y los gastos de tramitación corrieron a cargo de los finqueros. Algunos entrevistados aseguran que no pagaron posteriormente por las fracciones de tierra, pero hubo otros casos en los que afirman lo contrario (ver Paz Paredes, 2009).

Por otro lado, los peones que ocuparon los terrenos más pegados a filos y a cañadas recibieron préstamos en efectivo y en especie, que pagarían después con café,

Le digo [nacionalera a su esposo], vete hablar con Don Martín si nos da maíz, nos da frijol, azúcar y sal le digo, como quiera se compra unos dos kilos, tres kilos y se lleva, pero principalmente esas cosas que queremos más. Dile que cuando saquemo’ el poquito de café le vamo’ entregar a él (Nacionalera, comunicación personal, 23 de septiembre de 2016).

Entonces, la redistribución de la tierra, correspondiente al Estado, fue asumida por los terratenientes de esas zonas. La coyuntura generada por el temor a los ejidos condujo a un proyecto de cerco agrario y de expansión de los cafetales a las áreas más inaccesibles. Por su parte, los rancheros de las partes bajas de la sierra que colinda con los llanos ocultaron el estatus de terrenos baldíos: extensiones importantes de lomeríos suaves y planadas que declaraban como propias ante peones de ranchos y fincas.

Los llamados nacionaleros fueron la segunda oleada de colonos en la vertiente del Grijalva de la SMCh y surgieron en el calor de la formación del Estado agrario como posesionarios asentados en tierras abruptas y poco aprovechables para el cultivo de milpa. En su calidad de peones, estos colonos mantenían redes de relaciones limitadas con autoridades de cualquier nivel y recursos económicos insuficientes para solventar viajes frecuentes a la capital del estado, mucho menos a la ciudad de México.

Algunos caporales de la finca Custepeques, acostumbrados a realizar encargos de los patrones ante espacios de la administración pública, brindaron orientación a algunos grupos de peones para la realización de trámites agrarios. Eso permitió que se realizaran un número importante de solicitudes a partir de 1940, que en su mayoría no fueron resueltas por ninguna administración, ni federal ni local, de la Reforma Agraria.

Más allá de las complicaciones burocráticas, la posesión de una fracción de tierra hizo que esos peones dejaran de considerarse sólo una herramienta más en la finca o en el rancho, dejaban de ser baldíos, como relata una nacionalera extrabajadora de la finca Custepeques, “Pero mira ¿Qué hacemos aquí de baldío?, le digo, sólo pa’ que coma la gente pa’ la que trabajamos, mejor allá en nuestro ranchito” (Nacionalera, comunicación personal, 23 de septiembre de 2016).

Esa posesión los hacía libres, los hacía “campesinos rancheros”, les permitía aspirar a establecer una relación activa con el Estado y a transitar de individuos a actores a través de la soberanía que pretendían establecer al tener una propiedad. Ya que, desde su fundación y hasta casi finales del siglo XX, como resultado del sistema de mozos que establecieron, las fincas llenaron el vacío de un Estado lejano con el que sólo se relacionaban los finqueros. A fines de 1990, las fincas decidieron retirar su tutorado por la crisis en los precios del café, por fenómenos naturales como huracanes y plagas, así como por una estructura social menos ventajosa en la que sus peones de planta ya no eran dependientes al 100% de ellos¹⁷.

El Estado al que apelaban estos posesionarios edificó su política agraria sobre el ejido. No hubo acuerdos oficiales con los solicitantes de terrenos nacionales que aspiraban a tener una propiedad privada en la vertiente del Grijalva en la SMCh. Los trámites individuales no permitieron generar una fuerza colectiva, además de las dificultades para su seguimiento por la falta de conocimiento con respecto a las gestiones. De acuerdo con testimonios de algunos nacionaleros, había que llevar dinero para los pasajes, para la comida y para comprarle un regalo a la secretaria de la Secretaría de Reforma Agraria (SRA) en Tuxtla, todo para que les diera noticias de su trámite. La burocracia, la falta de recursos económicos y la “cultura política” a la mexicana fueron elementos que entorpecieron los procesos.

El apoyo brindado por los finqueros para los trámites agrarios señalado líneas arriba, se limitó a su gente de confianza y a titular la tierra más cercana alrededor de la finca para cumplir con el objetivo de protegerla de invasiones por solicitantes de ejidos. Así, los solicitantes de estos terrenos nacionales no representaban una masa crítica a priorizar para el gobierno y, además, las tierras solicitadas eran tan lejanas de las fincas, que ya tampoco representaban motivo de interés para esos actores. El resultado: ni ejidatarios, ni propietarios, sino nacionaleros.

b.2. Rancheros campesinos: la apropiación del territorio

Este subapartado reconstruye el espacio vivido (Lefebvre, 1994) de los nacionaleros a partir de tres dimensiones de apropiación (Márquez Rosano, 2002, p. 33): la subjetiva, la abstracta y la concreta. Posteriormente, se explica la categoría social de “ranchero campesino” a la que aluden los propios nacionaleros cuando se les pregunta cómo se identifican ellos mismos. Desde la visión de Barragán et al. (1994), esta autodefinición se aborda como un “segmento sociocultural singular”, que se objetiva a través de sus códigos identitarios en torno al “rancho” (Di Méo, 2004).

A. Dimensión subjetiva

Los nacionaleros del caso de análisis son descendientes de familias que provenían de las etnias tzotzil y tzeltal, organizadas en comunidades donde la naturaleza tenía un carácter activo, la tierra era proveedora, protectora y aleccionadora como lo podría ser una madre. En sus sitios de origen “hacían milpa”¹⁸ bajo una lógica de autoconsumo, y se dedicaban a la crianza de ganado menor y aves domésticas como base de su reproducción social. Ese saber hacer constituyó un recurso para la supervivencia cuando no pudieron comprar su tierra, despojada por la política agraria Rabasista en 1892.

De acuerdo con información de campo, los primeros nacionaleros del estudio de caso trabajaron entre 1900 y 1913 como mano de obra en los ranchos de Los Altos y de los Valles Centrales, donde algunos de ellos llegaron cuando eran niños. Ahí aprendieron sobre ganadería mayor. Después, alrededor de 1913, comenzaron a desplazarse hacia las fincas cafetaleras de la vertiente del Grijalva en la SMCh. En ambos casos, el sistema de baldíos les permitió labrar pequeñas parcelas de las tierras de los grandes propietarios para hacer la milpa familiar.

En las fincas, el entorno era muy distinto a las planicies frías y templadas por las que habían transitado los nacionaleros en Los Altos; una espesa vegetación cubría terrenos cada vez más accidentados, que ya no resultaban los más aptos para su saber hacer. Por ello, los recién llegados adquirieron nuevos conocimientos y habilidades para desempeñarse en las fincas, saberes que entre 1913 y 1930 sólo fueron reproducidos en ese espacio laboral.

B. Dimensión abstracta

A partir de 1940, cuando iniciaron los repartos controlados por los rancheros y los finqueros, los peones se constituyeron como posesionarios de las tierras marginales en torno a las fincas y a sus cinturones de seguridad. El personal que se instaló en ellos tenía instrucciones precisas de no hacer milpa, recibieron plantas de café por parte de los finqueros y establecieron cafetales. Los títulos de propiedad de esas parcelas se mantuvieron en poder de los finqueros como una forma de controlar el acceso a los recursos y la lealtad de sus trabajadores “beneficiados” con la posesión de nuevas tierras.

En el caso de los nacionaleros, cada familia estableció su milpa, ya que el control fue más complicado debido a la lejanía de sus terrenos con relación al casco de la finca. Respecto a los recursos forestales, el acceso se limitó a los terrenos bajo posesión de cada familia, sobre todo en el caso de madera y leña. Los acuerdos con respecto a la caza de animales silvestres fueron los mismos que para los recursos maderables.

Con respecto a la transferibilidad de la tierra, la carencia de título de propiedad los limitó en términos legales, pero, en los hechos, los primeros nacionaleros repartieron las tierras entre sus hijos varones. En algunos casos, el primogénito se nombró sucesor para dar continuidad al trámite interpuesto por su padre ante la SRA, pero en la práctica la tierra se fraccionaba entre los hermanos. Incluso hubo casos de venta de terrenos nacionales entre nacionaleros.

Con relación a su identidad, los nacionaleros eran hombres de campo, con apego a la tierra como emblema de justicia social y de libertad. Tener un rancho significaba gobernar sobre algo, igual que los ‘patrones’: “… es que en ejido es mucho problema, porque en un ejido tiene uno que estar mandado por él, por todo él [el ejido], bueno empezando con el representante de la colonia” (Nacionalero, comunicación personal, 12 de febrero de 2017).

El testimonio refleja la visión inducida por los finqueros y rancheros temerosos de expropiaciones, y muestra cómo el ideal agrario en realidad tuvo distintas representaciones que respondían a realidades regionales. En este caso, los nacionaleros parecen haberse convencido de que la vida ejidal tenía inconvenientes. De modo que, lejos de sus sociedades de origen adoptaron la fuerte individualidad característica de la identidad ranchera (Barragán et al., 1994).

C. Dimensión concreta

Como un pliegue en el espacio (Santos, 1996), es decir, como un elemento del pasado convocado en el presente con su particular carga cultural, el primer gesto de apropiación de los nacionaleros fue hacer su milpa. Acción que va más allá de un acto de sobrevivencia porque los regresa a su raíz campesina, a lo que eran en su espacio propio.

Los primeros nacionaleros seguían siendo campesinos milperos y fue lo que recrearon al sembrar maíz,

En ese entonces más era el maíz [pero] a través del tiempo, derivado por la cercanía a la finca más grande que es Custepeques, comenzaron a introducir o sembrar el café […] Esto fue en la época de mis abuelos, con mis papás se inclinaron más por el café (Nacionalero, comunicación personal, 11 de febrero de 2016).

La segunda generación fue testigo de la reconversión productiva. Poco a poco el cafetal sustituyó a la milpa, hasta ser el cultivo principal de las familias de nacionaleros. El abastecimiento de maíz y frijol comenzó a depender cada vez más de las fincas.

Por otra parte, la distribución del espacio de la tierra obtenida por los nacionaleros corresponde con la descripción básica del rancho que brinda la Real Academia de la Lengua Española, que lo define como “lugar fuera de poblado, donde se albergan diversas familias o personas, choza o casa pobre con techumbre de ramas o paja” (RAE, 2019).

Estos ranchos se encuentran a varias horas de camino a pie desde las fincas y su distribución atiende a sus actividades productivas. Así, la primera estructura del rancho contaba con un jacal como casa-habitación, un techo o bodega de palma para guardar la herramienta de trabajo para las labores culturales del campo. Cerca del jacal se colocaban aves de corral y se sembraban árboles frutales, el resto se destinaba a la milpa, paulatinamente al cafetal, y, en ocasiones, al potrero para ganado vacuno. Esta última actividad se intentó introducir por algunos nacionaleros en la década de 1980. El resultado fue una fallida¹⁹ imitación de los rancheros establecidos en La Concordia, quienes llegaron a tener tanto ganado, que lo llevaron a las partes altas de la SMCh (comunicación personal con yerno de don Gabriel Orantes²⁰, 3 de julio de 2016).

Con el retiro de las fincas, los nacionaleros formaron parte de cooperativas de café y el rancho como espacio se reconfiguró a principios del siglo XXI para adaptarse mejor a la producción de ese grano. Los nacionaleros accedieron a créditos a través de las cooperativas y agregaron el patio de secado y el beneficio húmedo. Tal reconfiguración surgió como elemento de conquista, de independencia frente a los finqueros, y afianzó la apropiación del café como parte de la reinvención identitaria de los nacionaleros en su paso de “peones” a “rancheros-campesinos”.

Las dificultades geográficas y la lejanía física y virtual del Estado generaron condiciones de apropiación concreta precarias. Si bien los posesionarios y sus familias abrieron los caminos, muchos continuaron, al menos hasta 2018, sin la instalación de servicios básicos. No obstante, los nacionaleros se adaptaron a un estilo de sobrevivencia. Y más allá de tener la documentación que los acredite como propietarios, consideran que el trabajo hace suya esa tierra,

… estoy fanatizado con la ley de Emiliano Zapata, él sí fue nuestro gran general que dijo "Las tierras son de quienes las trabajan". Naturalmente que soy enemigo y soy contrario a invasión, pero esto no fue invasión, fue un reparto que hicimos, formamos y laboramos, concluimos, y el que no concluyó fue nuestro gobierno en aquel entonces (Nacionalero, comunicación personal, 30 de septiembre de 2016).

Los nacionaleros representan un mundo de vida construido en diálogo con su entorno ambiental, histórico y político, por lo cual ellos y su apropiación territorial no sólo son producto de sus propias decisiones, sino también de las tomadas por actores locales con poder económico y social, así como externos desde las estructuras del Estado. Muestran que la identidad como medio de integración espacial del cuerpo, “constituye una combinación social de sistemas ecológicos, técnicos y simbólicos” (Di Méo, 2004, p. 203).

Territorialidad confiscada: los nacionaleros y la conservación

A. La territorialidad de la conservación

La cada vez mayor conciencia sobre los problemas ambientales en la segunda mitad del siglo pasado dio lugar, a finales de 1980, a una coyuntura ambiental mundial. Durante ese lapso se instauró el aparato institucional internacional de la conservación, que logró poner para el 2016 casi el 15% de la superficie terrestre bajo protección (United Nations Environment Programme - World Conservation Monitoring Centre [UNEP-WCMC] e International Union For Conservation Of Nature [UICN], 2016). Para el 2020 se esperaba alcanzar una cobertura del 17% entre las partes adscritas al Convenio para la Diversidad Biológica (Convención de Diversidad Biológica [CBD], 2010) (UNEP-WCMC y UICN, 2016.), meta que casi se alcanza en el 2021.

En este contexto, México ocupa los primeros lugares a nivel mundial en la creación de ANP (United Nations Educational, Scientific And Cultural Organization [UNESCO], 2014) y Chiapas, que ocupa el segundo lugar nacional en biodiversidad, el primer lugar en ANP en el país (Comisión Nacional de Áreas Protegidas [CONANP], 2017), siete de ellas son reservas de biosfera. Pero, por otro lado, es el estado de la república con mayor rezago agrario: alrededor de 14,000 solicitudes pendientes sobre terrenos nacionales en 2016 y cerca de 6,000 de ellas se encontraban en ANP (Comunicación personal con funcionario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano [SEDATU], Tuxtla Gutiérrez, 22 de septiembre de 2016).

Las contrastantes cifras de conservación y de solicitudes agrarias sin resolver en Chiapas se vinculan en el encuentro asincrónico de la política de conservación internacional y la de reparto agrario mexicana. En el caso de los nacionaleros aquí revisado, ese encuentro produce un escenario de anomalías (Torres-Mazuera, 2016).

En los primeros años de la conservación en México, Chiapas fue pionero de los decretos de ANP en el país. Los decretos estatales de El Triunfo (1972) y del Área de Protección de Recursos Naturales La Frailescana (1979) localizadas en la región económica IV Frailesca, se hicieron en la década de los 70 sin efectos in situ al carecer de recursos humanos y financieros para operar. Ambas ANP son proyectos de apropiación territorial promovidos por el Estado que constituyen representaciones del espacio, entendidas como “los espacios concebidos que derivan de una lógica de saberes técnicos, un espacio conceptualizado” (Lefebvre, 1991, p. 99).

Las ANP se ven a través de leyes federales y estatales de las que emanan, las definen sus decretos, sus polígonos geográficos y los términos especializados del campo de la conservación, una representación del espacio para la conservación desde la perspectiva de Lefebvre (1991). El marco general que define a las ANP es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), desde la cual los territorios comprendidos dentro de La Frailescana y de la Reserva de la Biósfera El Triunfo (REBITRI) se leen como áreas “[…] que requieren ser preservadas y restauradas” (LGEEPA, 1988, Art. 3, II). Estos espacios se fragmentan en sus representaciones geográficas en zonas núcleo y en zonas de amortiguamiento, que se subdividen en espacios funcionalmente diferenciados establecidos en la LGEEPA en su Artículo 47 Bis.

La materialización del contenido de la LGEEPA en el espacio sucede con acuerdo de los distintos niveles en la estructura institucional ambiental. La instancia rectora a nivel nacional, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), es responsable del diseño, coordinación, seguimiento y monitoreo de la política ambiental federal. Cada estado de la república cuenta con una delegación de ésta. Pero es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), el órgano desconcentrado de la SEMARNAT que tiene la finalidad de administrar las ANP a nivel local. La CONANP fue creada en el año 2000, antes de ella, y desde 1995 era el Instituto Nacional de Ecología el encargado de operar las ANP. A partir de la creación de la CONANP, tanto en La Frailescana como en la REBITRI, comenzaron a generarse las acciones correspondientes a los decretos a través del personal asignado a cada una de ellas.

Ambas ANP se decretaron sin consulta previa a los habitantes de terrenos nacionales, y posteriormente ningún nacionalero de este estudio de caso fue convocado para ser informado de los decretos y de sus implicaciones, así como tampoco fueron convocados a participar de la elaboración de los Programas de Manejo, a pesar de que la ley así lo establece (LGEEPA, 1988, Art. 65). La postura de las autoridades ambientales para compartir información con estos actores puede calificarse de reactiva, ya que algunos nacionaleros solo se enteran de las restricciones y normativas después de que las autoridades ambientales identifican que han transgredido alguna de ellas.

En La Frailescana se presentó un caso en 2017, cuando un nacionalero fue visitado por el director de dicha área para informarle que no podía continuar con la limpieza del “acahual” que estaba listo para la rotación de su cultivo. Que de hacerlo sería severamente castigado por la ley, ya que ese terreno había sido reportado como “zona restaurada”. El poseedor del predio respetó la indicación recibida, a pesar de parecerle injusta. Pero, de acuerdo con el Artículo 78 de la LGEEPA, las “zonas de restauración” son áreas sujetas a programas de restauración ecológica, que no fue el caso.

Los decretos de La Frailescana y de la REBITRI se hicieron patentes para los nacionaleros, y empezaron a formar parte de su imaginario cuando la antigua SRA, luego SEDATU (2013), les informó que sus predios no podían ser regularizados debido a que se encuentran dentro de ANP. Estos decretos propiciaron varias anomalías, la primera es que antes de éstos, los nacionaleros eran etiquetados como “solicitantes de terrenos nacionales”, lo que legalmente siguen siendo al mantener expedientes de denuncio y solicitud interpuestos ante las autoridades agrarias. Pero, después de los decretos la etiqueta cambió a la de “asentamientos irregulares”, denominación bajo la cual son tratados en la práctica debido a una interpretación, además de malthusiana, sesgada del Artículo 46 de la LGEEPA por las autoridades ambientales,

[…] la misma Ley General del Equilibrio Ecológico establece que no debe existir nuevos centros de población. Eso es muy importante, porque toda familia, todo ente, toda persona, pues tiende a crecer y en ese sentido hemos visto cómo las, los asentamientos van tomando o van comiendo prácticamente ese recurso natural que es vital para todos (Comunicación personal con Jurídico de CONANP, Tuxtla Gutiérrez, 8 de mayo de 2017).

La mayoría de las solicitudes de los nacionaleros de este estudio de caso fueron interpuestas antes de los decretos estatales de las ANP La Frailescana y la REBITRI. Al preguntar en 2016 al respecto, el responsable de Terrenos Nacionales en la delegación Chiapas de la SEDATU explicó que pierden jurisdicción sobre esas áreas,

[…] si están dentro de un área natural protegida ya no tenemos facultades para hacerlo [regularizar], debemos ponerlo a disposición de la CONANP […] El Artículo 63 de la Ley General del Equilibrio Ecológico nos lo prohíbe, ya no podemos legalizar, lo que tenemos que hacer es ponerlo a disposición de la CONANP para [su] administración. (Comunicación personal con responsable de SEDATU-Chiapas, 29 de agosto de 2016).

El Artículo 63 de la LGEEPA en realidad establece que el Ejecutivo Federal realizará los programas de legalización de la tenencia de la tierra en áreas naturales protegidas para dar seguridad jurídica a los propietarios y poseedores en ellas comprendidas. Lo anterior da lugar a tres posibilidades: primera, que existe un desconocimiento de parte de las autoridades agrarias de la LGEEPA; segunda, que es posible que éstas si la conozcan, pero la usen como justificación para deslindar responsabilidades frente a los solicitantes; y tercera, que exista un desequilibrio de poder entre autoridades ambientales y agrarias, donde las primeras son las dominantes a nivel nacional y estatal en este tipo de asuntos. Cualquiera de las posibilidades da lugar a la anomalía de “asentamientos irregulares”.

En lo que respecta a los programas de gobierno propios para la zona en la que se encuentran los nacionaleros, y que están enfocados a paliar problemas de uso irracional de los recursos naturales, las autoridades correspondientes consideraron conveniente excluir de ellos a los poseedores. Por ejemplo, las reglas de operación de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) determinan como “personas elegibles” para apoyos tanto de capacitación, como de infraestructura y manejo forestal, sólo a: “i) Personas físicas o morales propietarias o legítimas poseedoras de terrenos forestales y preferentemente forestales” (Diario Oficial de la Federación [D.O.F.], 26 de febrero de 2019, Quinta sección).

Los nacionaleros podrían ser considerados “legítimos poseedores” sólo con una constancia de posesión expedida por el ayuntamiento de su municipio, sin embargo, los funcionarios de la CONAFOR delegación Chiapas asignan mayor puntaje durante la dictaminación de solicitudes a quienes ostentan la propiedad de la tierra.

En el caso del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) de la CONANP, aplica el mismo criterio de la CONAFOR ya que condiciona su apoyo a la posesión legal de la tierra y evita considerar predios “irregulares”. Lo anterior se suma a la poca presencia de la CONANP para informar a la población de sus acciones, lo que dificulta la creación de un contexto de colaboración. Y, de forma velada, la territorialidad de la conservación se hace presente sobre los nacionaleros con su exclusión de información y programas de financiamiento; siendo esta una forma de desconocerlos y de desautorizarlos como ciudadanos frente a las instancias forestales y de conservación.

B. Los nacionaleros y su configuración como “sujetos ambientales”

La conservación era un campo desconocido por los nacionaleros del estudio de caso, sus instituciones, sus leyes y sus tecnicismos les resultaban ajenos. Dentro de su imaginario la tierra tiene una función productiva, un terreno sin cultivos era “tierra ociosa”, es decir, símbolo de hombres que “no saben trabajar”. La declaratoria de ANP significó una intrusión en la soberanía que los nacionaleros pensaban tener sobre los terrenos que ocupaban.

El marco legal de las ANP representa una lógica distinta de relación sociedad-naturaleza a la comúnmente establecida entre los nacionaleros y esta lógica ha logrado permear poco a poco en el discurso y en la práctica de los habitantes de las zonas de conservación desde una perspectiva estratégica. De tal modo que su identidad “ranchero-campesina” pasa a coexistir con ingredientes de la de “sujetos ambientales”, que, en términos de Agrawal son “aquellos para quienes el medioambiente constituye un dominio de pensamiento y acción” (2005, p. 16).

Alrededor de 2005 algunos de los nacionaleros de la subregión Cuxtepeques fueron invitados a formar parte de la Asociación Regional de Silvicultores (ARS) “Valle y Montañas de los Cuxtepeques”, asociación de carácter forestal que se creó en el marco de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable de 2003. Con la creación de las Unidades de Manejo Forestal en 2003, las ARS sirvieron como figuras jurídicas, a través de las cuales el gobierno delegaría el acompañamiento técnico y la designación de recursos que asumía el Estado benefactor extinguido durante la última década del siglo pasado.

La Asociación Regional de Silvicultores tiene como uno de sus objetivos generar procesos de desarrollo sustentable a través de la silvicultura y en 2005 reunió, en un primer momento, a cerca de cien nacionaleros para trabajar alrededor de un proyecto de manejo forestal para la microcuenca del río Negrito en la UMAFOR 0704 Fraylesca. El líder de la ARS consideró pertinente apoyar la gestión de los títulos de propiedad de sus miembros para acceder a apoyos gubernamentales y manejar de forma integral la microcuenca. La ARS representó a los primeros nacionaleros organizados en el estado de Chiapas para la gestión colectiva de sus títulos de propiedad y les permitió penetrar el campo discursivo de la conservación.

El presidente de la ARS estableció un acuerdo con el responsable de Terrenos Nacionales de la SEDATU en 2006, mediante el cual se atenderían como paquete único las solicitudes de los nacionaleros adscritos a la asociación, reconociendo así una fuerza de gestión colectiva a través de la ARS. Entre 2007 y 2009 la SEDATU otorgó planos de deslinde a los nacionaleros que aún no los tenían; también se identificaron y georreferenciaron los predios dentro y fuera de las ANP de La Frailescana y de El Triunfo (Figura 2). Fue así como los nacionaleros tuvieron conocimiento de dónde se encontraban y, al mismo tiempo, se iniciaron pláticas con autoridades ambientales estatales y, eventualmente, federales; para quienes la ARS preparó la propuesta de crear en conjunto un plan de desarrollo sustentable, en el que los nacionaleros se comprometieran al uso, acceso y manejo adecuado de los ecosistemas que habitan.

La iniciativa de la ARS no prosperó entre las autoridades ambientales estatales, sobre todo el departamento jurídico de la CONANP (Comunicación personal, 08 de mayo de 2017), que mantenía una posición de desconfianza en la capacidad de los nacionaleros dentro de ANP para cumplir con su parte una vez obtenida la certeza jurídica,

… lo cierto es que también las personas que hoy en día puedan estar detentando estos terrenos, algunos, inclusive lo hagan con la mejor de las …, pues ¿Cómo llamarle? Argumentando querer conservar. Sin embargo, que todo ser humano, más nosotros los latinos, somos muy arraigados a la tierra al sentido de pertenencia y sería en el fondo, tal vez, el elemento que estarían persiguiendo (Comunicación personal con Jurídico de la CONANP, Tuxtla Gutiérrez, 08 de mayo de 2017).

Sin embargo, la dimensión productiva es irrenunciable para los nacionaleros analizados, ya que la producción primaria representa su principal medio de vida. Por ello, propusieron generar un proyecto de aprovechamiento sustentable alrededor de los programas de CONAFOR para el manejo de microcuencas a través de la silvicultura. No obstante, la legalidad de la tierra debería ser el primer paso, ya que, para poder manejar sus bosques de forma que les generen ingresos, los nacionaleros tendrían que invertir en árboles maderables y en mano de obra para las labores culturales forestales. Pero, incluso, para acceder al mercado forestal legal o a los subsidios de la conservación (pagos por servicios ambientales) requieren de título de propiedad.

Durante los años que los nacionaleros mantuvieron contacto con la ARS, su presidente trató de generarles interés real por la silvicultura y en sus gestiones ante las autoridades agrarias y ambientales consideró estratégico el manejo del discurso ambiental. Él insistía en la importancia de reconocer que “los tiempos han cambiado, y ahora el interés de gobiernos y organizaciones internacionales está en el manejo de los bosques y en aprovechar la vocación de la tierra que sí es forestal” (Discurso de líder de la ARS, reunión con nacionaleros, agosto de 2015).

A través de viajes apoyados por la CONAFOR, el líder de la ARS logró dar a conocer experiencias exitosas sobre la silvicultura en nuestro país a varios grupos de nacionaleros entre 2006 y 2018. Estas visitas incluyeron cursos de capacitación sobre el aprovechamiento de los recursos forestales y las posibilidades que brinda su manejo sustentable. Esto coadyuvó en la coproducción de una identidad necesaria para producir territorio que, de acuerdo con D’Aquino (2002, con base en George 1990), ésta debe pasar del sentido de pertenencia a una colectividad, definida parcialmente por su integración a un marco de vida, a la consciencia de que la identidad es activa porque es generadora de modos de vida.

Lo anterior, aunado a la entrada de organizaciones campesinas alrededor de la producción de café orgánico en la región a finales de los 90, dio pie a una ‘ecologización’ de las relaciones (Agrawal 2005; Cano 2014) de los nacionaleros con agentes gubernamentales, ya que se pasó del discurso netamente agrario a uno que recuperaba los términos de “sustentabilidad”, “conservación”, “cambio climático”, “producción orgánica” entre otros.

Ya en 2015 los nacionaleros expresaban la importancia de cuidar el ambiente a través de su trabajo,

… desde el 2001 venimos trabajando, lo que es la producción orgánica […] sabemos que hay generaciones atrás, como son nuestros hijos y tenemos que heredarles algo, de lo cual también nosotros hemos sido partícipes en el trabajo ¿no? Y saber que el trabajo que se está haciendo a nivel organización, pues va en pro de la naturaleza (Comunicación personal con Nacionalero en cooperativa de café, 11 de febrero de 2016).

Sin embargo, la postura imperante es la exclusión, y algunos nacionaleros la viven como una injusticia,

… creo yo que hemos salvado lo que queda, entonces no lo veo justo que no nos tomen en cuenta, que no nos apoye el gobierno que no nos mire. Me da camorra pensar que el gobierno, o le informan mal o no le interesamos, o no le interesa el bosque que quieren conservar (Comunicación personal con Nacionalero integrante de brigada ciudadana contra incendios, 30 de septiembre de 2016).

Según el informe de actividades 2016 de la ARS “Valle y Montañas de los Cuxtepeques”, se promovieron acciones preventivas y se capacitó para el combate de incendios a los posesionarios de terrenos forestales en 2006, también se instaló una red de radios de comunicación con recursos propios que facilitara las acciones oportunas. Lo anterior dio como resultado una disminución del 95% de pérdida de cobertura forestal por incendios en el municipio de La Concordia, con beneficios directos para las ANP La Frailescana y la REBITRI (Informe 2016, ARS Valle y Montañas de los Cuxtepeques).

Para 2017 el presidente de la asociación civil consideró que las autoridades agrarias y ambientales no tenían voluntad política para resolver el caso de los nacionaleros dentro de ANP y tampoco la de los que estaban fuera²¹, que, en su opinión, si bien no se conseguirían títulos de propiedad, tampoco los sacarían de las tierras que tienen en posesión. Decidió que era tiempo de centrarse en objetivos relativos a la silvicultura. Para mantener el interés de los nacionaleros propuso intentar acceder a pequeños proyectos productivos otorgados por instancias como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), donde el título de propiedad no fuera requisito. Pero el objetivo de los nacionaleros era la gestión de la legalidad de la tierra, por lo que la mayoría decidió salir de la asociación y para 2016 quedaban solo 34 nacionaleros en la A.C.

La ARS fue una figura de representación que funcionó como conducto para hacer llegar el caso de los nacionaleros a instancias estatales y federales, les permitió convertirse en actor colectivo. Además, gracias a esa figura, los nacionaleros adoptaron una identidad estratégica en torno a la conservación y en cierta medida se reconfiguraron como sujetos ambientales. Sin embargo, ningún caso agrario fue resuelto al finalizar esta investigación en 2019 y el líder de la ARS no tuvo interés en transitar la vía de la demanda legal ante el tribunal agrario.

B1. Los nacionaleros y la noción de territorio confiscado

Como ya se ha dicho, el marco legal de las ANP implica una territorialidad que se sobrepone a otras previamente instauradas en determinados espacios. Desde una perspectiva espacial se podría decir que las ANP tienen la capacidad de re territorializar en diversos grados, determinados por la legitimidad y niveles de aceptación del proyecto conservacionista, además de su capacidad financiera e institucional reflejadas en sus acciones en el territorio.

En el caso de los nacionaleros de La Frailescana y de la REBITRI los códigos de la conservación se han concretado parcialmente, ya que, como anotamos anteriormente, la interacción de personal de la CONANP con los nacionaleros es reactiva. No reconocer a los nacionaleros y su derecho de ser propietarios es una forma discrecional de (re)territorializar y la conservación se concreta como un mecanismo de confiscación, en el sentido de la apropiación por el Estado del patrimonio total o parcial de un sujeto (RAE, 2019).

En este caso, proponemos el concepto de territorio confiscado a partir de las reflexiones de Blanchon et al. (2009, p. 11), quienes cuestionan la privación de bienes ambientales y se preguntan “¿Qué pasa con la confiscación de espacios incluidos en áreas protegidas: son las llamadas acciones de desarrollo establecidas en sus periferias suficientes para compensar el final de un ‘tipo de vida’ basado en el uso de estas áreas?”, lo cual, en este caso, conduce a preguntarse ¿Qué pasa cuando no sólo se priva de bienes ambientales, sino también del derecho a la propiedad legal y cuando esa privación limita el acceso al desarrollo sustentable?

Desde una perspectiva espacio-temporal, se propone hablar de territorio como lo confiscado porque las implicaciones de los decretos pueden trastocar las dimensiones socio-culturales, socio-ambientales y socio-económicas. A su vez que son una forma de apropiación del territorio generada por el Estado que afecta el trabajo, la inversión y las legítimas expectativas de los poseedores y/o propietarios (García de Beretta Godoy, 2010, p. 1).

En el caso de los nacionaleros analizados, las limitaciones han estado relacionadas con interpretaciones sesgadas de la ley y un discurso moralista dominante. El caso del acahual reportado como “zona restaurada” (LGEEPA, 1988, Art. 78), fue una confiscación de un espacio productivo, en fase de descanso, que afectó a la economía familiar y a la reproducción de un saber hacer. Y el hecho de clasificar a los nacionaleros como “nuevos centros de población” (LGEEPA, 1988, Art.46) para negarles la legalidad, ignora su existencia previa -desde hace varias décadas- a la creación de las ANP y su derecho humano al desarrollo (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1986).

Las autoridades ambientales y agrarias desconocieron a los nacionaleros como sujetos agrarios frente a la preponderancia de la política ambiental, y como sujetos con derecho y capacidad para transitar a un desarrollo sostenible establecido en los objetivos de las ANP. La incertidumbre patrimonial y la inaccesibilidad a financiamiento como consecuencias de la no regularización en la tenencia de la tierra, aunado a la dispersión de sus viviendas, impactan directamente en su posibilidad de romper ciclos de pobreza. Y si bien, los nacionaleros pueden emprender algunas acciones de conservación en observancia de la autoridad de la CONANP o la LGEEPA, carecen de recursos y de la legalidad para realizar manejo forestal.

Se habla de un territorio confiscado por los decretos, por la forma en la que éstos se han materializado en La Frailescana y en la REBITRI, donde impactan, sobre todo, en la dimensión concreta de la apropiación territorial a través de restricciones cuestionables al uso y acceso de los recursos disponibles en los terrenos nacionales posesionados. Pero, sobre todo, en la dimensión subjetiva se violenta el derecho a la propiedad y al desarrollo de los nacionaleros.

Conclusiones

Enfocarse en el desarrollo histórico de uno o diversos territorios permite acceder a las raíces profundas de problemáticas determinadas. Los territorios se mueven en consonancia con los proyectos de quienes coproducen el espacio vivido, influenciado por las representaciones del espacio y sus actores. El territorio de los nacionaleros es producto de ciclos estructurales surgidos de coyunturas específicas: los deslindes porfiristas, la política agraria de Rabasa, la entrada de capital extranjero, el agrarismo de la revolución mexicana y últimamente la conservación. Cada uno de ellos objetivó territorialidades específicas, en las que se coprodujeron identidades particulares, que para los nacionaleros han sido, de alguna forma, excluyentes.

Hace casi 100 años los padres o abuelos del grupo revisado vivieron la exclusión de un modelo de desarrollo que consideraba marginales los espacios que habitaban y, como una ironía, ahora son excluidos por un modelo de desarrollo que revaloró esas áreas y decidió reapropiarlas. La política ambiental reducida a una lógica conservacionista es débil en términos de capital humano y financiero, pero fuerte en términos discursivos; la negación a generar acuerdos que les permitan acceder a la legalidad y a programas de financiamiento a los nacionaleros limita su capacidad de vivir mejor y de contribuir a la conservación del territorio.

Archivos

Archivo Histórico de Chiapas

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Notas

1 Investigación derivada del trabajo de tesis doctoral de Camacho Bernal Teresita, financiada por CONACYT.

2 Alusivo a la forma de llamar a los peones que trabajaban tierras otorgadas en renta por los finqueros en Chiapas, quienes generalmente otorgaban en renta terrenos “baldíos” que refieren al término jurídico de la propiedad original de la nación y que hacían pasar por propios ante sus peones. Ver libro: Gómez, A. y Ruz, M. H. (1992). Memoria baldía. Los tojolab'ales y las fincas. Testimonios. Edición bilingüe tojolab'al-castellano. CEM, IIFL, UNAM/ CEI, UNACH.

3 Con seguimiento externo hasta mayo de 2019.

4 Posesionarios de terrenos nacionales, es decir, terrenos propiedad originaria de la nación mexicana.

5 Terrenos baldíos deslindados y medidos en los términos que la Ley Agraria vigente establece en su artículo 158. (Nota: en la ley agraria vigente, en el artículo 158 se define los terrenos nacionales, ver https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAgra.pdf).

6 Se usa “Custepeques” para referir a la finca de la familia Pohlenz, quienes así la denominan, y “Cuxtepeques” para hablar de la subregión de estudio.

7 Antes de ser caficultor fue petrolero, pero fracasó. Después se empleó con la casa Luttmann en el negocio del café en Guatemala (Juan Pohlenz, 4ª generación, comunicación personal, 03 de abril de 2019).

8 Hasta mediados del siglo XX se les adelantaban de uno a dos meses de renta a los mozos a la hora de “engancharlos”, y luego ya en la finca se los endeudaba con compras y préstamos en la tienda de raya, cobradas más de una vez como estrategia principal para retenerlos (Von Mentz et al., 1988; Villafuerte et al., 1999).

9 S/A. (1893). Ley y reglamento para la división reparto de ejidos en el estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez: Archivo Histórico de Chiapas, Sección de Fomento, 1908, vol. III, exp. 12, ff. 1-18.

10 Por ejemplo, contaban con luz eléctrica y agua entubada, abastecidos por hidroeléctricas traídas de Alemania (Administrador finca Custepeques, comunicación personal, 22 de junio de 2017).

11 Emilio y Ramón Rabasa alternaron el poder y lo compartieron con otros incondicionales, periodo conocido como “Caciquismo ilustrado” (García, 1998, p. 219 en Gómez Martínez, 2016, p. 119).

12 Surgidos del Club Liberal Democrático Belisario Domínguez, (después PSCh), formaron en 1922 el Sindicato de Obreros y Campesinos del Soconusco, y declararon una huelga en las plantaciones cafetaleras (Gómez Martínez, 2016, p. 133).

13 Son baldíos, los terrenos de la Nación que no han salido de su dominio por título legalmente expedido y no han sido deslindados ni medidos. Por ello, son propiedad originaria de la nación de acuerdo con el Título noveno de la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías de 1992 (Pérez Castañeda, 2002, pp. 102-103).

14 Se declaran terrenos nacionales hasta que comisiones oficiales los descubren o particulares los denuncian.

15 Consideraban que los ejidos podían invadir fincas y haciendas ya que tendían a crecer. La iniciativa parece haber surgido de la experiencia de invasión de la finca Luveca en el Soconusco, propiedad de la familia Pohlenz.

16 Rancheros y finqueros repartieron tierras entre hijos y otros familiares para ajustar propiedades y títulos al límite de superficie establecido constitucionalmente para la “pequeña propiedad”.

17 A finales de los años 90 surgieron organizaciones cooperativas en la región, lo que brindó la oportunidad de acceder a otros compradores de café y a negociar mejores precios. Además de que la figura del intermediario (“coyote”) habría entrado también muchos años antes a la zona.

18 El sistema de cultivo denominado “milpa” implica la siembra de maíz, frijol, calabaza y algunas yerbas de consumo humano.

19 Se desbarrancaban las vacas en las laderas, y sacarlas a pie para vender tomaba varios días y riesgos.

20 Don Gabriel Orantes fue conocido como el “Cacique Bueno” de Benito Juárez, La Concordia.

21 Los nacionaleros que están fuera de ANP no se consideran en este artículo, pero ellos enfrentan dos tipos de problemas: a) órdenes de pago que superan el valor local de venta de los predios que ostentan, y b) rezago en la conclusión de su trámite por las autoridades agrarias.